Cifuentes presenta su plan para el proyecto de cooperativistas que Carmena bloquea en Cuatro Caminos

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha presentado este viernes en las cocheras de Cuatro Caminos una maqueta del proyecto alternativo para desbloquear este proyecto que tiene a 443 familias en vilo. 

El responsable de Transportes del Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha mostrado esta recreación con las nuevas alternativas técnicas de Metro de Madrid para dicho espacio con el objetivo de desbloquear el proyecto de soterramiento, en respuesta a las modificaciones planteadas por el Ayuntamiento de Madrid.

En la presentación, han estado presentes los cooperativistas, quienes han manifestado que esperan que se resuelva con urgencia este tema y se trate en la comisión de noviembre. Además, han pedido a Carmena flexibilidad para sacar el proyecto adelante. También han acudido dos concejales del grupo municipal del PP de Esperanza Aguirre, José Luis Almeida y Borja Carabante.

La maqueta se ha realizado en una escala 1/100 e incluye los cambios introducidos por Metro de Madrid para rebajar la cota de vía, disminuir la altura libre de la cochera y reducir la losa de la cubierta a 50 centímetros. De este modo, se consigue alcanzar la cota técnica de 707 metros demandados por el Consistorio madrileño.

Por tanto, la maqueta refleja cómo quedará finalmente la parcela con el proyecto de modernización de las cocheras, así como una gran zona verde de la que podrán disfrutar los vecinos. En estos momentos, los cooperativistas y Metro están a la espera de la aprobación de la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Carmena.

Tras la presentación, el consejero madrileño ha afirmado que esperan que el Ayuntamiento de Madrid se pronuncie favorable o desfavorablemente para que ya sepan que decisiones tomar los implicados en este proyecto. «Es un proyecto fantástico que permitiría materializar el sueño de estas 443 familias, que muchas han aportado todos los ahorros que tenían, en algunos casos cerca de 100.000 euros», ha señalado.

Tras ello, ha manifestado que «lamentablemente el nuevo equipo de Gobierno de la capital no ha visto en ningún momento con buenos ojos este proyecto», recordando que pretendieron declararlo como Bien de Interés Cultural (BIC) para mantener el espacio.

Ha señalado que le «cuesta trabajo pensar que esto pueda ser declarado BIC y la Academia de San Fernando ya se pronunció y dijo que esta instalación no tenía la calidad arquitectónica y patrimonial par ello». Posteriormente, para Rollán, «el siguiente palo que pusieron sobre la rueda es que no compartían la solución de soterrar o enterrar, cuestión que hay ejemplos como el aparcamiento de Santo Domingo o el Vicente Calderón».

«No entenderíamos que existiera un trato discriminatorio con estas familias. Es de sabios rectificar. Sería peor establecer un escenario judicial que nadie quiere. Pero si es la única salida, se defenderían legítimamente derechos que esperamos no sean pisoteados por el Ayuntamiento de Manuela Carmena», ha destacado.

«Hay 443 familias pendientes de una decisión creo que de índole política del Ayuntamiento y si estás viviendas estuvieran en un distrito de la zona Sur y en lugar de tener un determinado valor, valieran un 25 %, hoy no sería objeto de polémica ni de disputa», ha dicho. Para el del PP sería razonable una respuesta antes de fin de año.

No a una «guerra política»

Los cooperativistas de la operación han pedido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que flexibilice su postura y no les meta en una «guerra política», recordando que en su programa electoral Ahora Madrid incluía como medida el apoyo a las cooperativas.

«Esperamos que en un mes, el Ayuntamiento resuelva nuestro tema con urgencia. Llevamos dos años muy duros con muchas piedras en el camino y ahora empezamos a ver la luz. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento», ha manifestado Desirée, una de las portavoces.

Además, ha destacado que el mayor escollo es que el próximo 27 de diciembre vence un pago de 23 millones a Metro y en la situación que están, no podrán hacer frente a ello. ¿Cómo las familias vamos a desembolsar una media de 65.000 euros sin saber en qué punto estamos?», ha subrayado.

«No queremos devolución de dinero ni líos jurídicos. No vamos a renunciar a acciones jurídicas contra quienes perjudiquen nuestros intereses. Ya hemos estado en contacto con despachos para sondear esta posibilidad», ha reseñado Joaquín Vázquez, otro de los portavoces.