España
En Defensa de la Transición

La catedrática Teresa Freixes retrata al Gobierno: «Está teniendo una deriva populista y autoritaria»

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Teresa Freixes Sanjuán (Lérida, 1950) es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrática Jean Monnet ad personam y miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Su obra ha estado centrada en la defensa de los sistemas constitucionales y las formas de parlamentarismo en las democracias occidentales, una posición que ha mantenido desde su militancia en el activismo antifranquista.

Freixes lamenta que en la actualidad se lancen, desde la política, ataques contra el Poder Judicial y la Transición española, proceso que favoreció el surgimiento de la democracia y el Estado de derecho en España. «El Gobierno está teniendo una deriva populista, autoritaria y que no se corresponde con las necesidades de la sociedad», afirma.

PREGUNTA.- ¿Qué le diría a todos los que dicen que la Constitución española fue hecha por el régimen de Franco y que dio continuidad a las instituciones franquistas?

RESPUESTA.- En primer lugar, que estudiaran un poco de historia, porque la historia es siempre importante para saber de dónde venimos y cómo se hicieron las cosas. Que hablen directamente con las personas que participamos en ello, porque las vivencias personales son también muy importantes y averiguarían cosas como que quienes participaron en la elaboración de esta Constitución son personas pertenecientes a partidos políticos muy distintos, desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular, pasando por los socialistas, Unión de Centro Democrático y diversos partidos nacionalistas. Esto no fue por casualidad. Esto fue porque se vino trabajando así desde largo tiempo, porque hemos de pensar que hubo la resistencia al franquismo. Primero fue armada porque se pensaba que los aliados, cuando ya hubieran tomado posesión de toda Francia, entrarían también en España. Finalmente no fue así. Pero había personas que se habían organizado pensando que podrían ser una especie de resistencia interna. Luego eso mutó cuando se vio que realmente los aliados no iban a intervenir y entonces se decidió derrotar al franquismo a través de la democracia. Y hubo una serie de pactos que tuvieron lugar, evidentemente en el extranjero, como el contubernio de Munich y el cambio de posición del Partido Comunista, que deja de ser un partido que quiere la resistencia armada para ir evolucionando poco a poco a lo que después se llamó el eurocomunismo. También entraron allí los partidarios de Don Juan y los socialistas. Se constituyeron dos grandes organizaciones: la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Todo ello pasa a integrar después lo que llamamos la Platajunta. Y al final resulta que el franquismo desaparece porque se llega a una entente entre las diversas fuerzas políticas de oposición al franquismo y algunos sectores que venían del franquismo, pero que ya se habían desligado de él porque veían que aquello no iba a ningún sitio. Por lo tanto, es un acuerdo muy amplio que por primera vez da lugar a una Constitución que no es de la mitad de España contra la otra mitad.

P.- ¿Qué reformas haría usted a la Constitución?

R.- Una importante es el modelo territorial. El Estado de las Autonomías en la Constitución lo que hace es ver cómo se forman esas autonomías y qué competencias pueden tener, pero ni tan siquiera consta el nombre de las autonomías, como sucede en los Estados federales. De hecho, este Estado autonómico tiene un funcionamiento prácticamente federal, salvo en que no se han puesto bien en marcha los mecanismos de coordinación y de cooperación. Pero tenemos un sistema de reparto de competencias entre órganos centrales y autonómicos, un sistema de doble lista y cláusula residual y un sistema que a través del tiempo se ha visto que necesitaría algunos ajustes. Para mí, los ajustes más importantes serían los de definir mejor las competencias. Hay otras cuestiones como la reforma del Senado para que funcione mejor. También sería necesario reformar el sistema electoral, porque estamos con una ley electoral que viene de aquella que se elaboró para hacer las primeras elecciones tras la muerte de Franco, para la Ley para la Reforma Política y después la Asamblea Constituyente. Y resulta que no la hemos adaptado más que en muy pequeñas cosas. Y haría falta, pues, una adaptación importante en determinadas cuestiones, sobre todo para evitar que los parlamentos, sobre todo el Congreso de los Diputados, acaben secuestrados por minorías, que es lo que está sucediendo ahora, en donde las minorías están, digamos, imponiendo todo a la mayoría parlamentaria.

P.- ¿Dónde cabría nuestra monarquía parlamentaria en un sistema federal?

R.- Cabría, sin ningún problema, porque monarquía o república son formas de Estado y parlamentarismo o presidencialismo son formas de gobierno; entonces son, digamos, modelos complementarios. Puede darse una monarquía federal, como es el caso de Bélgica, que es una monarquía federal; puede darse un Estado federal con república, como es el caso de Alemania o Estados Unidos. Es decir, ahí no habría ningún tipo de incompatibilidad al respecto. En lo que sí hay incompatibilidad es con la Confederación, porque la Confederación significa dejar competencias residuales solamente a los órganos centrales y que todo lo hagan los órganos confederados.

P.- ¿A  qué achaca la deriva del PSOE? En los últimos tiempos ha tenido una deriva populista y también se ha acercado a los nacionalismos periféricos…

R.- Una deriva populista, una deriva autoritaria y, por otra parte, una deriva que no se corresponde con las necesidades de la sociedad. Y digo que es una deriva populista porque los planteamientos sobre los que se basan algunas de sus políticas así lo vienen evidenciando y además critican de una manera propia de sistemas no democráticos las decisiones judiciales. En cualquier Estado democrático, el Poder Judicial es el poder que cierra el sistema. Es la cúspide de la división de poderes, porque tiene que haber equilibrios y contrapesos entre Legislativo y Ejecutivo. Pero el Legislativo y el Ejecutivo, los dos, en todas las democracias, están controlados por el Poder Judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente tiene una jurisprudencia muy consolidada en la que advierte de que no es lícito de ninguna de las maneras que desde los gobiernos o desde los parlamentos se hagan críticas al Poder Judicial, que lo pongan de alguna manera en entredicho ante la población, como es lo que se está pretendiendo. Se está hablando por parte de algunos políticos de que el Tribunal Supremo es un tribunal prácticamente fascista. Se les ha llamado de todo a los jueces. Esto es algo que no es posible en democracia y que es contrario a todos los principios europeos, porque no se puede socavar la autoridad del Poder Judicial. Y luego, por otra parte, también se ha ninguneado mucho al Parlamento. ¿Cuántas leyes se están aprobando? ¿Cuántas en estas últimas legislaturas? Un número muy escaso. No es propio de un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario hay primacía de la ley y hay reserva de ley. ¿Y entonces qué es lo que se está haciendo? Se está abusando del decreto ley y se están tergiversando a veces los procedimientos legislativos para poder hacer que el Ejecutivo saque adelante lo que él quiere sin respetar el juego parlamentario.

P.- ¿Hay alguna solución constitucional para acabar con los separatismos?

R.-Bueno, tenemos la gran suerte de que estamos en Europa. Si no estuviéramos en la Unión Europea yo no sé que nos hubiera pasado, porque la Unión Europea se opone a todo tipo de nacionalismos. El nacionalismo es perverso, es la guerra, y la Unión Europea en sus tratados dispone que hay que respetar el ámbito territorial de todos los Estados miembros y que en ningún Estado se pueda dar una autodeterminación de parte del territorio. Recordemos el informe de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía. A pesar de que el Gobierno dijera que la consideraba correcta, no es así y basta con leerlo. Es decir, una comprensión lectora mínima denota que la Comisión de Venecia critica puntos muy importantes tanto de procedimiento como de contenido en la Ley de Amnistía. Estamos esperando al respecto también el informe de la Comisión Europea.

P.- ¿Se podría avalar constitucionalmente la ilegalización de determinados partidos que estén intentando influir para que una región de España se separe del resto del territorio?

R.- Eso no es delito. En democracia tenemos que admitir que pueda haber discrepancias muy profundas, como puede ser ésta. Lo que sucede es que esto son posturas que se ha evidenciado que son muy minoritarias, cada vez más minoritarias. Lo que no puede ser es que la mayoría dependamos de lo que decidan estas minorías. Porque cada vez tienen menos respaldo y cada vez son más los que les abandonan, porque ya se ha visto que eso no va a ninguna parte. Es decir, la secesión que se intentó en Cataluña en 2017 ya se ha visto que no va a ningún lado. El problema que tenemos es que el Partido Socialista tiene que volver a la senda por la que transitábamos en el año 17, 18 y 19. Éramos los constitucionalistas los que estábamos ahí y ellos estaban ahí. Con lo cual tienen que volver, tienen que volver a esa senda y no aceptar todas las políticas que les propone ERC o aceptar los chantajes de Junts. Claro, hemos tenido aquí otro problema y es que el concepto de democracia no es tener un voto más. Es decir, evidentemente en democracia los votos valen, pero no se puede fundamentar todo un sistema en minorías tan exiguas como las que se han logrado con las últimas investiduras.

P.- ¿Cómo podemos evitar que el Poder Judicial se vea avasallado por el Poder Ejecutivo?

R.- Los jueces tienen toda su potestad definida en la Constitución. Ha habido intentos de apropiación del gobierno de los jueces. Recordemos todo el problema que hemos tenido con el Consejo General del Poder Judicial. A través de un acuerdo que se toma con la intermediación de la Comisión Europea, hemos conseguido la renovación del Consejo del Poder Judicial. Por otra parte, que hubiera un compromiso y eso está ya en una proposición de ley que está en el Congreso, a partir del cual se modificará el sistema de elección de los consejeros del Poder Judicial, teniendo en cuenta las directrices europeas de que los vocales jueces fueran elegidos por y entre los jueces, hay distintas modalidades para poderlo hacer. Los vocales juristas pueden continuar siendo elegidos por el Congreso y el Senado, porque la Constitución prevé este doble registro en esa elección. En ese pacto también se incluyó, pero ya se ha visto que no se acaba de respetar del todo, que no hubiera lo que llamamos puertas giratorias. Es decir, que para pasar de la política a un puesto de la judicatura o de autoridad de control hubiera un periodo, digamos, de enfriamiento, que podría ser entre dos y cinco años. Y se ha acordado esa despolitización de las instituciones, que es básica en el Estado de derecho cuando se trata de instituciones de control.