El Gobierno sabía desde el sábado que los Mossos dejarían tirados a policías y guardias civiles

La polémica por lo ocurrido en Cataluña el 1-O sigue en aumento. Agentes ‘buenos’ de los Mossos avisaron el sábado por la mañana de que su cuerpo de policía autonómica se preparaba para una insumisión plena. De que Policía Nacional y Guardia Civil no podrían contar con el apoyo de los 17.000 efectivos de los Mossos que hay en esta región española.

El chivatazo llegó a Interior e Interior informó de ello. Pese a ello, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña tuvieron que salir en solitario a intentar impedir una ola de ilegalidades de magnitudes gigantescas.

Los Mossos “buenos” -como ya se les conoce internamente- pudieron pasar el chivatazo porque las evidencias internas eran brutales. Por los mensajes que se cruzaban en chats, por los comentarios, por las órdenes verbales directas y hasta por los propios comentarios que se escuchaban entre agentes dentro del cuerpo de Mossos. Es decir, que la evidencia de que existía una orden no escrita de pasividad era tal que permitió a estos agentes “buenos” pasar aviso urgente de que la Generalitat buscaba dejar vendidos a los policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña.

El conocimiento de este hecho y de la necesidad de adoptar medidas más contundentes contra el golpe de estado de la Generalitat está favoreciendo un aumento de la presión, tanto dentro del Gobierno, como desde las filas del PP, en favor de la aplicación ya del artículo 155 de la Constitución Española. Y es que todos los avisos apuntan a que la decisión de insumisión es total en todos los niveles del Govern. Sin preocuparles ni lo más mínimo la existencia de sanciones, multas o condenas.

Las asociación de Unión de Oficiales de la Guardia Civil, de hecho, va a personarse como acusación en el proceso contra el mayor de los Mossos, Trapero, ante la evidencia de la pasividad mostrada y de que sólo puede responder a una orden, directa o tácita, puesto que la omisión del deber de cumplimiento del mandato judicial y de la lucha contra el delito flagrante fue totalmente generalizada.