Carulla pidió una tregua a Cifuentes en su batalla judicial para evitar el boicot a Gallina Blanca

El grupo empresarial independentista al que pertenece, entre otros, Gallina Blanca, pidió este lunes a Cristina Cifuentes una tregua en el litigio judicial que mantiene con el gobierno madrileño. El motivo: evitar el boicot a sus productos en este momento.

El empresario catalán Artur Carulla, propietario del grupo GB Foods al que pertenecen Agrolimen y Gallina Blanca, declaró este miércoles como testigo en un caso judicial contra la Comunidad de Madrid por un presunto impago en la compraventa de unos terrenos cuya transacción se produjo hace más de 10 años.

Según han explicado fuentes judiciales a este medio, el motivo de pedir la tregua «no es otro que intentar evitar el boicot a los productos de empresas independentistas».

El grupo catalán «se puso en contacto a falta de 48 horas de la vista judicial» de este miércoles con la Comunidad de Madrid para pedir «un aplazamiento temporal». El gobierno regional rechazó de plano la petición del grupo empresarial independentista, por lo que Carulla no pudo evitar ir a declarar y que se haga pública la batalla judicial en la que se han embarcado los independentistas contra Madrid.

«Además de ser obvio el afán independentista de este empresario, han intentado desplumar a Madrid, por lo que saben que les puede hacer mucho daño con el boicot que se está haciendo a los productos catalanes», han añadido.

Las mismas fuentes han explicado que los propietarios de Gallina Blanca contactaron con la Comunidad con «un lenguaje muy a lo Puigdemont». «Pedían una suspensión, pero dejando claro que seguían adelante con la demanda», han añadido.

Carulla, además del grupo agroalimentario también controla el diario independentista Ara financiado por la Generalitat. El empresario catalán ha intentado «suspender temporalmente» la denuncia a la Comunidad ocasionada a raíz de una operación que se realizó bajo el mandato de Esperanza Aguirre a través de la empresa pública Arpegio.

Cifuentes cortó las negociaciones

Hasta la llegada de Cifuentes las negociaciones entre el gobierno regional y el empresario independentista se mantenían con sus correspondientes altibajos pero con la toma de posesión de la presidenta se cortaron las conversaciones.

Esto provocó que en junio de 2016 Carulla presentara una demanda por impago en un juzgado de Madrid, que es quien ahora dirime si la Comunidad de Madrid debe abonar los 72 millones de euros al empresario catalán, justo cuando la Generalitat ha dado un golpe de Estado y el Gobierno está a las puertas de aplicar el artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad en la comunidad autónoma catalana.