Carmena no pidió los informes necesarios para prohibir 100.000 viviendas y rechaza rectificar
El Ayuntamiento de Madrid tiene el objetivo de hacer la vida imposible a los promotores de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid. Manuela Carmena ha aprobado un plan director que recorta a la mitad las viviendas previstas sin los informes perceptivos y se niega a rectificar.
El área municipal de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige el edil José Manuel Calvo no solicitó los informes técnicos pertinentes a la dirección general de Patrimonio y a la Intervención General del Ayuntamiento. Es por ello que los promotores ya han denunciado y piden 1.580 millones en indemnizaciones. Ya se ha admitido a trámite el contencioso administrativo solicitando medidas cautelares para paralizar el polémico texto.
Además, como desvela ahora OKDIARIO, el Ayuntamiento, en la Junta de Gobierno de este jueves, se ha negado a rectificar. El grupo municipal de Ciudadanos interpuso un recurso de reposición contra el plan director, pero el Ejecutivo local ha decidido inadmitir el recurso.
El Ayuntamiento ha inadmitido el recurso de Ciudadanos para rectificar y retirar el Plan Director que no tiene informes técnicos.
Fuentes del grupo municipal de Ciudadanos indican que, por ahora, el equipo de Gobierno «no ha notificado la inadmisión, por lo que se desconocen los motivos de la misma». Los de Begoña Villacís pedían retirar el Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste que se aprobó en Junta de Gobierno en acuerdo del 25 de enero de 2018. Subrayan que de las 100.000 viviendas, 25.000 de las cuales iban a ser para Comunidad y Ayuntamiento, algo muy necesario para aliviar el mercado inmobiliario.
Retrasos inasumibles
Las entidades afectadas por este documento son las Juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros. Tras un exhaustivo análisis han cifrado sus pérdidas en 1.580 millones de euros. Es por ello que pedirán una indemnización por daños y perjuicios por esa cantidad. En el Tribunal Supremo han pedido directamente la retirada de ese plan que retrasa la estrategia urbanística de los desarrollos del sureste de la ciudad.
Los propietarios de suelo y promotores entienden que el plan director es un documento de directrices “políticas” que carece de validez jurídica. Además no pasó por un periodo de alegaciones y no puede tener afectación sobre el diseño de los planes urbanístico que, de facto, está sustituyendo la normativa en vigor aprobada.
Exponen que se “paraliza” esta bolsa de suelo finalista para vivienda dirigida a las clases medias y bajas de la ciudad, lo que va a aumentar el precio del suelo y, en consecuencia, el coste final de la vivienda. Algo que, al final, supondrá “expulsar” a madrileños por la ciudad que optarán por acudir a los municipios limítrofes.
965.000 empleos
Por una “declaración programática” del Consistorio “se ha dejado de lado la legalidad vigente” y se ha paralizado estos desarrollos “durante cuatro años”, con independencia de que el actual equipo de Gobierno dé marcha atrás o se incorpore otra nueva corporación que anule el plan director. “Una legislatura perdida“, zanjan.
Las Juntas de Compensación recalcan que estos desarrollos contemplaba la generación de 965.000 empleos y una inversión de 13.000 millones de euros en tres décadas.
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