Carmena dice que los fetos «no son personas, no se aborta matando bebés»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido que el aborto «forma parte de una manera de entender la libertad de las mujeres a decir cuál es la descendencia que tienen» y ha planteado una reflexión más profunda sobre este asunto, además de remarcar tajantemente que «nadie mata a bebés». «No se aborta matando bebés», ha insistido, afirmando taxativamente que, a su juicio, los seres humanos dentro del útero materno «no son personas».

Carmena ha hecho gala de sus prejuicios contra la libertad educativa al dejar clara su opinión de que no se debería dedicar dinero de los presupuestos a ningún colegio que no sea público. La alcaldesa  de Madrid ha señalado que la educación pública tiene que ser «absolutamente gratuita» y que «en ella estén cómodos todos los ciudadanos dejando los sentimientos religiosos aparte». Carmena ha añadido que también le parece «estupendo» que haya centros educativos privados y concertados, en la entrevista concedida a Intereconomía, «pero no pagada con el dinero de todos». La alcaldesa ha puesto en valor la colaboración público-privada aunque ha resaltado la importancia de lo público por «servir a todos sin intereses económicos».

«Sí utilicé la sanidad privada cuando era juez, pero no me quiero enredar en eso»

Pero la edil de la marca blanca de Podemos en Madrid ha tenido que admitir su contradicción respecto a la Sanidad cuando se le ha preguntado por su época de juez, cuando como funcionaria podía elegir entre los centros públicos o los privados de las mutuas. Carmena ha admitido que sí eligió la sanidad privada entonces, «pero no me quiero enredar en eso», ha dicho tratando de desviar el tiro. «Hay muchas cosas que mejorar en lo público pero también es importante valorar la maravilla que tenemos en este país, con la Seguridad Social que tenemos», ha manifestado la alcaldesa madrileña. «Creo que no hay nada como la sanidad pública cuando hay una enfermedad grave», ha destacado.

Defiende a Maestre y Zapata

La alcaldesa de Madrid se ha referido a sus concejales Rita Maestre y Guillermo Zapata, rodeados de polémicas desde su llegada al poder. La portavoz del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, condenada a una multa de 4.320 euros por un delito contra la libertad religiosa al asaltar al capilla de la Complutense a gritos, ha sido defendida por su jefa como «una gran concejal». La alcaldesa ha recordado que su condena ha sido recurrida y que la edil es «una persona muy responsable que ha asumido que cuando era joven hizo esos actos que lamenta de forma clara».

Incluso la edil ha llegado a apelar a un derecho fundamental para amparar a su portavoz. La acción en la capilla universitaria, según la ex juez Carmena, «es algo relacionado con la libertad de expresión y eso es muy discutible».

De Guillermo Zapata, a quien se le ha abierto hasta tres veces una causa por los comentarios que hizo en la red social Twitter en los que reproducía dos chistes sobre Irene Villa y el Holocausto, Carmena ha dicho que ella jamás habría dicho esas cosas». Sin embargo, no ha impulsado su renuncia al cargo que aún ostenta como concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo porque, apunta la alcaldesa, pidió disculpas alegando que «no quería ofender a nadie».

La Audiencia Nacional ordenó al juez Pedraz reabrir la investigación al edil de Ahora Madrid por considerar que sus tuits podían ser susceptibles de “entrañar descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”. El magistrado cerró el caso cuantas veces se le ordenó abrirlo.

Para justificar a ambos, Carmena ha aplaudido que «lo bonito» que es que los afectados por los casos Zapata y Maestre no se hayan sentido ofendidos, en referencia al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, e Irene Villa.

Por último, la alcaldesa de Madrid ha respondido a preguntas sobre los incumplimientos de su programa electoral echando la culpa a su antecesora, Ana Botella. Así, ha asegurado que ella nunca prometió en campaña remunicipalizar la limpieza sino la posibilidad de rescindir los contratos a 10 años firmados por la anterior Corporación «por el servicio tan horrible» prestado.