España
Las cloacas del PSOE

Carmen Pano se ratifica ante el juez: las cloacas del PSOE le ofrecieron 250.000 € para ‘borrar’ sus pagos en efectivo

La empresaria declara en la Audiencia Nacional y dice que la trama metió la boda de su hija en el soborno

Señala a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en ese intento de obstrucción a la Justicia

Carmen Pano ha vuelto este lunes a la Audiencia Nacional para ratificar ante el juez Santiago Pedraz la declaración que ya prestó ante la Guardia Civil: que la trama vinculada al PSOE y dirigida por Santos Cerdán le ofreció 250.000 euros a cambio de que modificara su testimonio sobre entregas de dinero en efectivo en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid.

La empresaria, que ha llegado poco antes de las 10.00 horas acompañada de su chófer y amigo Álvaro Gallego, ha mantenido su versión sin fisuras ante el magistrado, en una comparecencia que no se enmarca ni en el caso hidrocarburos, en el que figura como investigada, ni en el caso Koldo, donde ha declarado como testigo, sino en una causa específica por el presunto soborno: las cloacas del PSOE.

La declaración de Pano añade un nuevo capítulo a una trama que lleva meses sacudiendo la política española y que tiene en el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán a uno de sus protagonistas centrales.

Según ha ratificado la empresaria, fue la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, quien actuó como intermediaria. De la Hoz le habría trasladado que «había gente del PSOE interesada en hablar con ella y su chófer».

La oferta económica no era baladí: 250.000 euros que incluirían, según el relato de Pano, sufragar «la boda de su hija Leonor» y abonar «el pago del alquiler del domicilio donde ella vivía por un periodo de entre 5 y 7 años».

El chófer de Pano ha testificado igualmente, por su parte, que a él le habrían ofrecido una cantidad sensiblemente inferior: unos 15.000 euros. Gallego ha reconocido que, en un primer momento, «sí se plantearon aceptar la oferta», aunque finalmente no lo hicieron y optaron por denunciar los hechos.

La versión de Leticia de la Hoz es radicalmente distinta. La letrada sostiene que fueron la propia Pano y su chófer quienes contactaron con su despacho en febrero de 2025, no al revés. Según De la Hoz, el propósito de ese contacto inicial era buscar «asesoramiento para la venta de varias operadoras de hidrocarburos», sin que mediara en ningún momento oferta económica alguna relacionada con declaraciones judiciales.

La abogada ha añadido que fue ella misma quien decidió romper las negociaciones al descubrir que la sociedad central de la operación, Gran Zufaira, se encontraba en una situación irregular: tenía «una deuda de 470.000 euros de IVA» y se le había «retirado el registro REDEF». De la Hoz niega con rotundidad haber ofrecido dinero a ninguna de las dos partes y se desvincula de las operaciones emprendidas por Leire Díez y sus colaboradores.

Las cloacas del PSOE en acción

El origen de todo se remonta a las declaraciones de Pano sobre pagos en metálico realizados en la sede del PSOE en Ferraz. Esas afirmaciones la convirtieron en una pieza clave de varias investigaciones judiciales y, al mismo tiempo, en un objetivo de quienes, según ella, tenían interés en que cambiara su relato. La causa por el presunto intento de soborno es, precisamente, consecuencia directa de esa relevancia procesal.

El caso Koldo, cuyo origen está en una supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha ido ramificándose hasta alcanzar dimensiones que afectan a figuras del entorno socialista.

La declaración de este lunes ante el juez Pedraz no cierra ningún capítulo. Al contrario: consolida una línea de investigación que apunta directamente a la existencia de una estructura organizada —las llamadas «cloacas»— dispuesta a interferir en el curso de la justicia mediante la compra de testimonios. Que el precio de ese silencio incluyera, según Pano, hasta una boda familiar dice mucho sobre la minuciosidad con la que, presuntamente, se diseñó la operación.

El juez Pedraz tiene ahora sobre la mesa dos versiones irreconciliables. La resolución de esa contradicción determinará si España se enfrenta a un caso de obstrucción a la justicia en la más alta esfera política o no. Lo que es indudable es que el sumario sigue engordando, y que la Audiencia Nacional se ha convertido, una vez más, en el escenario donde se dirime el futuro político y judicial de algunos de los protagonistas más controvertidos de la última legislatura.