El bulo de la «minoría de jueces» también cae: todos los magistrados del Supremo han rebajado condenas

«Una mayoría de jueces sí está aplicando de forma correcta la ley. Los que no, son una minoría», defendía Irene Montero hace días cuando Podemos asumió la necesidad de reformar la ley del sólo sí es sí. El señalamiento y la acusación a esa «minoría» de jueces, que Podemos ha venido utilizando para quitarse de encima la responsabilidad de las excarcelaciones y rebajas de pena a violadores, no se corresponde con la realidad: así, por ejemplo, todos los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los que ha pasado un caso relacionado con abusos o agresiones sexuales han interpretado la Ley Montero a la baja y han concedido reducciones de condena.

Para Podemos, el problema de la ley del sólo sí es sí siempre han sido los jueces. Desde el primer momento, la formación morada ha apuntado a la judicatura como la responsable de la mala aplicación de la ley impulsada por Irene Montero.

Sin embargo, tras 464 delincuentes sexuales beneficiados de rebajas de pena y 46 excarcelados de forma prematura, la teoría de la «minoría de jueces» de Podemos se torna en bulo. Sólo hay que comprobar las estadísticas de sentencias del Tribunal Supremo que han terminado en rebajas de pena.

Todos los jueces

En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que se ocupa de la jurisdicción penal, hay en estos momentos 16 magistrados. Uno de ellos, Leopoldo Puente, no ha participado en ninguna de las causas afectadas por el sólo sí es sí al estar liberado para ocuparse de la ponencia del caso Pescanova, que puede llevar a la cárcel a la última junta directiva de la empresa por provocar hace una década una de las mayores quiebras de la historia reciente de España.

Salvando esa excepción del magistrado Puente, el resto de los quince magistrados de la Sala Segunda, procedentes de todas las sensibilidades políticas, se ha pronunciado en sentencias sobre el sólo sí es sí. Y todos lo han hecho estimando la aplicación de una rebaja de pena en alrededor de media docena de causas.

Por ejemplo, desde el Supremo se ha aplicado una rebaja de 12 a 10 años de prisión a un condenado por agredir sexualmente a un menor de dieciséis años. También aplicó la pena mínima a un condenado por tocamientos en Álava.

La Arandina

Pero si hubo uno especialmente sonado en el Supremo fue el llamado caso Arandina, por el que dos ex futbolistas fueron condenados por forzar a una adolescente de 15 años en 2017. Fue la primera intervención del Supremo con la Ley Montero y se les impuso nueve años de cárcel. Uno menos de los que le habrían correspondido con la anterior redacción del Código Penal.

De hecho, aquella primera sentencia de la Arandina supuso un golpe para los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, quien había confiado nada más explotar el escándalo de la reducción de condena a violadores que esas rebajas serían revertidas en el Supremo.

Sánchez instó a «esperar» a que el Alto Tribunal «fijase su criterio», y que éste fuese el de mantener la pena impuesta con la antigua ley siempre que entrase dentro de la horquilla prevista para el delito contemplado en la nueva norma. Nada más lejos de la realidad, aunque Podemos siga insistiendo en ese bulo de la «minoría de jueces».