Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
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Los miembros del Gobierno tendrán que «evitar cualquier situación» que pueda generar «un conflicto de interés» cuando influya «en el desempeño independiente de las funciones». Todo ello, siempre que reciban «cualquier» beneficio ellos o sus «cónyuges, parejas, amigos íntimos o familiares cercanos». Aunque parezca mentira, este compromiso político aún no existe en nuestro país. Es uno de los puntos del Código Ético que acaba de redactar España Mejor y que podría haber tumbado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por casos como el de su esposa, Begoña Gómez o su hermano, David Sánchez. «En la legislación española hay un agujero con respecto al tipo de relaciones profesionales que se cubren cuando son los familiares de los políticos», lamenta Miriam González Durántez, fundadora de la asociación, abogada y mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg.
El Código propone a los presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno una serie de compromisos éticos. Algunos de ellos chocarían con actuaciones del entorno del presidente del Gobierno, así como de sus ministros. Ahora mismo se trata de una propuesta, pero la intención de España Mejor es que el Consejo de Ministros se comprometa a ponerlo en práctica.
El objetivo es cubrir los «conflictos reales, los potenciales y los aparentes; esto es algo que viene pidiendo la OCDE desde 1998, ya está bien», manifiesta Miriam González. «Hay que prevenir esos conflictos», añade. La mujer del ex viceprimer ministro Clegg describe este Código Ético como «un engranaje entre la autolimitación de los políticos y la exigencia social». «Son 99 principios básicos, que te hacen pensar: ¿pero cómo es posible que alguien no quiera comprometerse a esto?», considera.
«Apariencia de conflicto»
La autora del Código Ético evita ser tajante respecto a la causa contra Begoña Gómez, pero sí afirma que «se ha producido una apariencia de conflicto». El Código Ético recoge que los políticos «se abstendrán o se inhibirán de cualquier decisión y de cualquier participación en discusiones, debates o votaciones» cuando involucre a un cónyuge.
En el caso Begoña Gómez, una denuncia del sindicato Manos Limpias hizo que se abriese una investigación judicial contra ella. La organización acusó a Gómez de haber remitido dos cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, gurú y socio de la cátedra de Transformación Social Competitiva que ella codirigía. Ahora, está imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Miriam González señala otro punto importante del Código Ético: la limitación de la capacidad para nombrar a altos cargos. La fundadora de España Mejor critica el «tsunami de nombramientos en la administración» cuando «llega un Gobierno» al poder. «Hay que controlar que se hace por mérito y capacidad, y solamente hasta un cierto nivel», puntualiza.
Por tanto, no podrían darse los numerosos casos en los que Sánchez ha puesto a dedo a personas de su entorno en altos cargos como la presidencia de Radio Televisión Española, de la Agencia EFE o del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre otra docena de puestos. Precisamente sobre esta última institución se pronuncia González, apuntando que el Código Ético evitaría «el uso de recursos públicos» en fines «partidistas de los servicios de estadística».
El Código Ético también habría tenido impacto sobre actuaciones como las de Koldo García, ayudante del ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos. «Los asesores no podrán en ningún caso interferir directamente en las funciones de la Administración Pública», puede leerse en ese mismo texto. Y añade que «la responsabilidad de la gestión y conducta de los asesores, incluida la disciplina, corresponde al Ministro que realizó el nombramiento».
«Si hubiese visto como asesora independiente, por ejemplo, pues la situación de que tienes un ministro con un asesor y que no está muy claro cómo se adecúa el currículum a las funciones que se le ha pedido, pues yo hubiese hecho un informe que hubiese dado pie a la sociedad para que se pudiesen hacer cosas», reflexiona Miriam González.
Entrevista de Miriam González.
A la fundadora de España Mejor también le extraña la sobreprotección a los cargos del Gobierno. Ella vivió de cerca los compromisos éticos de la política británica, ya que su esposo, Nick Clegg, fue viceprimer ministro entre 2010 y 2015 con el conservador David Cameron. Señala que ellos utilizaban «una casa de recreo que daban en el Reino Unido». «Y separabas la botella de vino que tomabas tú y la botella de vino de los actos oficiales», apunta. Y recuerda que los recursos públicos desaparecieron para ellos cuando su marido salió del Gobierno: «A los diez días en el Reino Unido se te acabó la protección, se te acabó todo».
Respeto a la prensa
Otro punto donde el Código Ético es más exigente que el Gobierno actual es en su trato a los medios. «Se someterán periódicamente al escrutinio de los medios», todo ello «sin que pueda favorecerse o vetarse a ningún medio», reza el escrito presentado por España Mejor.
Esto es algo en lo que suspende el presidente del Gobierno, que desde que fue reelegido sólo ha concedido entrevistas a medios afines como Cadena SER, RTVE, El País, La Sexta o La Vanguardia. Además, recalca que los gobiernos deben ser transparentes con las ayudas públicas que se otorgan a los medios y exige que se concedan con «criterios transparentes»
Por último, el Código subraya que los miembros del Gobierno «se abstendrán, mientras estén en el cargo, de escribir y publicar un libro sobre su experiencia» en el Ejecutivo. Este sería otro de los puntos que incumpliría Sánchez. El líder socialista ha publicado dos libros desde que llegó a La Moncloa: Manual de Resistencia, en 2019, y Tierra Firme, en 2023.
En caso de incumplimiento, este Código Ético exige para casos como el de Begoña Gómez o cualquiera de sus incumplimientos exige una «petición pública de disculpa», acciones «correctivas» y hasta la «obligación de dejar su cargo».
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