La Audiencia investigará bajo secreto los pagos en metálico del PSOE «ante la gravedad de los hechos»

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado el secreto de una pieza separada abierta en relación con la documentación aportada por el PSOE sobre pagos en metálico. La resolución judicial, fechada este miércoles, establece un plazo de un mes para mantener bajo reserva las actuaciones mientras se practican las diligencias de investigación pendientes.

El auto se produce apenas 24 horas después de que los socialistas entregaran al juez un USB con el listado y los justificantes de los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación. La documentación llegó al tribunal en «un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pen drive», según consta en una diligencia judicial.

El auto judicial ha determinado la apertura de una nueva pieza separada tras recibirse «testimonio procedente del Tribunal Supremo en su Causa Especial» del caso Koldo.

La investigación es una derivada del caso que investiga al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus actividades ilegales. La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado además a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre «otras irregularidades».

El magistrado ha fundamentado su decisión en la «especial naturaleza del delito perseguido» y en «el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando». Además, ha considerado crucial el contenido de la documentación con carácter reservado aportada por el PSOE, que según consta en el auto, afecta a «varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios)».

La documentación presentada hace referencia a «la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades» entre los años 2017 y 2024. Sin embargo, según recoge el Tribunal Supremo en su resolución previa, «de la información aportada por dicho Partido y las declaraciones prestadas no han podido ser explicados de manera suficiente».

Protección de datos

Antes de entregar la información, el PSOE había alertado al juez de que aportar la documentación íntegra tendría «graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos» porque implicaría revelar «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».

Los socialistas solicitaron expresamente al magistrado que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedieran los investigadores, el juzgado y la Fiscalía. En su escrito, el partido argumentó que «es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso» a la reserva, justificando así la necesidad de mantener la documentación alejada del escrutinio público.

El juez Moreno ha atendido parcialmente esta petición al decretar el secreto, aunque lo ha limitado temporalmente a un mes. Los investigadores ahora disponen de ese plazo para emitir su informe. La resolución judicial especifica que podrá «interponer, ante este Juzgado Central, recurso de reforma en el plazo de tres días».

Amparo garantizado

La decisión de decretar el secreto se ha adoptado de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez de instrucción decretar el secreto de las actuaciones «cuando resulte necesario para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso».

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional que exige «como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justificado en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para asegurar el valor constitucional de la justicia».

La resolución judicial subraya que esta medida cautelar no vulnera el derecho de defensa, sino que se justifica en «la gravedad de los mismos» hechos investigados y en «el objeto de evitar que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación».

El secreto de sumario, según recoge la resolución, tiene «especial trascendencia en tanto que tiende relación con personas investigadas tanto en la Causa Especial como en el presente procedimiento».

Investigación embrionaria

El Tribunal Supremo, en su resolución previa, había puesto de manifiesto «una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal o de otras eventuales irregularidades que exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes». Estas incógnitas, según la causa especial, afectan tanto a la documentación del PSOE como a las declaraciones prestadas, que no han podido aclarar suficientemente el origen y destino de los pagos investigados.

El juez Moreno reclamó al PSOE en noviembre la «relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos» de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto una investigación que podría arrojar luz sobre presuntas irregularidades financieras que abarcarían un periodo de siete años, mientras el reloj judicial va cuenta atrás en una causa donde confluyen tramas de corrupción, blanqueo y posible desfalco.