La Audiencia de Barcelona sienta en el banquillo a 29 cargos del Govern por participar en el 1-O

La Audiencia de Barcelona ha confirmado este lunes el procesamiento de 29 personas, entre empresarios y cargos del Govern, que estaban acusadas de participar en los preparativos del 1-O. La sala los sienta en el banquillo por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, pero sin ampliar las imputaciones, como solicitaba el Ministerio Fiscal.

Entre los procesados, a los que ya solo les falta el auto de apertura de juicio oral para sentarse en el banquillo, figuran, entre otros, la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, el ex secretario general del Diplocat Albert Royo, y la ex interventora de la Generalitat Rosa Vidal.

El auto de la Audiencia de Barcelona rechaza los recursos de los imputados que fueron presentados contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona de procesarles. Según el magistrado instructor, los investigados participaron en la organización y en logística del 1-O. Su implicación fue muy variada, pues iba desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral.

Aunque 29 personas se deberán sentar en el banquillo, los magistrados han ratificado el archivo contra otras 19 personas que estuvieron imputadas. Además, también rechazan la petición de la Fiscalía de ampliar los delitos imputables a los procesados -entre ellos, el de revelación de secretos- y sumar a otra imputada, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Los procesados

Según especifica el auto, queda procesado por malversación y prevaricación Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern, y el ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia Joaquim Nin por esos dos delitos, más el de desobediencia.

Junto a ellos, irán a juicio el director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet; Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y los investigados David Palanques y David Franco, responsables del área TIC del Departamento de Trabajo.

Por malversación y desobediencia está procesado Francesc Sutrias, director general de Patrimonio del Departamento de Vicepresidencia, mientras que Aleix Villatoro, secretario general de Relaciones Institucionales y Exterior, lo es por esos dos delitos más el de prevaricación. A Amadeu Altafaj se le procesa por malversación y prevaricación, y a Albert Royo, por malversación y falsedad documental.

Natàlia Garriga, directora de servicios integrada en la Secretaría General de Vicepresidencia durante el 1-O, y Rosa Maria Rodríguez, directora de servicio de T-Systems, han sido procesadas por malversación, y Pablo Raventós, ex director general de la extinta Unipost, por los delitos de malversación y desobediencia.

A Francesc Fàbregas, administrador de «El Vallenc», se le procesa por malversación y desobediencia, y solo por un delito de malversación a Josué Sallent, ex director de Estrategia e Innovación del CTTI, y a Xavier Puig, responsable del área TIC del Departamento de Acción Exterior. La ex interventora general de la Generalitat Rosa Vidal está procesada por los delitos de malversación, falsedad documental y desobediencia.

Únicamente por desobediencia se sentarán en el banquillo Llorach, Sanchis y Gordillo, así como Frederic Udina, ex director del Idescat, Martí Patxot, ex director de marketing de la CCMA, y Mercedes Martínez, responsable de las obras de una nave que debía servir de centro de recogida de datos del 1-O.

También se procesa por desobediencia a Joan Manel Gómez, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña, y a Josep Masolivé, trabajador de Fundació.cat.

A Marta Garsaball, que figuraba como autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, se la procesa por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación.

Por malversación, desobediencia y prevaricación han sido procesados Manuel Manonelles, responsable de la delegación del Govern en Ginebra durante el 1-O, Ignasi Genovès, director general de Medios de Comunicación de la Generalitat, y la ex directora de servicios de Departamento de Presidencia Teresa Prohias.