Así prometía Sánchez que obligaría a los corruptos a devolver el dinero: ahora cocina el indulto a Griñán

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/08/2022 19:40
  • Actualizado: 21/08/2022 19:51

Nuevo golpe a la credibilidad de Pedro Sánchez. Era 2015 cuando el entonces secretario general del PSOE se comprometía a que todo político corrupto en España debería devolver el dinero «respondiendo con su patrimonio». Así lo proclamó Sánchez en varias ocasiones, como en un mitin del PSOE en Murcia, por las elecciones municipales del 24-M, y, unos meses después, en una reunión del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. «Con el Gobierno socialista un político corrupto tendrá que devolver el dinero robado», enfatizaba Sánchez, que ahora se prepara para indultar a José Antonio Griñán, condenado por los ERE.

Hace seis años, Sánchez prometía además una reforma del Código Penal para actuar contra el patrimonio de los condenados, así como el que se hubiese podido «esconder a nombre de terceros». La realidad es que, de los 680 millones de euros que según la Audiencia de Sevilla se defraudaron con los ERE y se repartieron bajo los Gobiernos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, sólo se han podido recuperar 23, como ha estimado la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno.

Tras su llegada al poder, el ahora presidente andaluz dio la orden de poner en marcha todas las herramientas jurídicas posibles para recuperar el dinero y exigir responsabilidades a los condenados. Griñán ha sido sentenciado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, además de 15 años de inhabilitación absoluta. Manuel Chaves, a 9 años de inhabilitación especial.

23 millones

La Junta de Andalucía contabiliza en estos momentos unos 21 millones de euros recuperados y otros 1,9 millones «reconocidos» pero pendientes de pago, de los 679 millones de euros que, según la sentencia, se repartieron de forma ilegal. Es decir, apenas un 3,3%. La cantidad es fruto de las actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Justicia para el reintegro del dinero de las ayudas concedidas por el mecanismo por el cual la Audiencia de Sevilla condenó a Chaves y Griñán.

Parte del dinero defraudado, no obstante, se considera ya irrecuperable, pues bajo el Gobierno de Susana Díaz -en 2016- se solicitó el archivo de la causa penal y, en consecuencia, no se pudo reclamar el dinero a los acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina claramente que «la acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». Es decir, la Junta tendría que haber reclamado la devolución del botín, pero renunció a ello.

Cabe recordar, además, que la ahora ministra de Hacienda y nueva número dos del PSOE, María Jesús Montero, era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía durante el mandato de Díaz, por tanto, pudo pedir el reintegro del dinero defraudado, pero no lo hizo. Ni siquiera cuando la Audiencia de Sevilla confirmó las acusaciones contra los ex presidentes andaluces. Esto implica que, hoy por hoy, 656 millones sigan desaparecidos. Desde la Junta de Andalucía esperarán a conocer la sentencia íntegra, tras el verano, para estudiar las vías legales para reclamar el dinero.

Indulto

Mientras, en Moncloa y Ferraz ya se allana el terreno para la concesión del indulto a Griñán. Sánchez llegó a asegurar que «están pagando justos por pecadores», dejando así incluso en entredicho al Tribunal Supremo. Desde el PSOE se ha calificado de «injusta» la sentencia. La mujer y el hijo del ex presidente andaluz ya tienen lista la petición de indulto, que cuenta con el apoyo de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Como avanzó OKDIARIO, la concesión del indulto supone una vulneración del Código Ético de los socialistas, que recoge expresamente que: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves».