España
Ley del 'sólo sí es sí'

Así mintió Sánchez con el ‘sí es sí’: presumía de una ley «pionera» mientras en secreto admitía el error

Pedro Sánchez mostró su apoyo a la ley mientras negociaba su reforma

El informe de Moncloa que alertó de la rebaja de penas a violadores y que da la razón a Calvo

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Pedro Sánchez ha mantenido dos versiones, en público y en privado, sobre la conocida como ley del sólo sí es sí. El presidente del Gobierno no sólo ha ocultado durante dos años sus críticas a la rebaja de las penas, como ha revelado OKDIARIO, sino que han sido numerosas las ocasiones en las que ha presumido en público de la norma, impulsada por los ministerios de Igualdad y Justicia, y de la que ha llegado a declararse «orgulloso». Sin embargo, el ejemplo más significativo se produjo a finales del año pasado. El 27 de diciembre, Sánchez ofreció su tradicional rueda de prensa de balance del curso político y enfatizó de nuevo su respaldo a la ley. Evitó incluso referirse a una reforma. Por entonces, en cambio, Justicia e Igualdad ya negociaban su modificación ante la incesante cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales, algunos de los cuales han sido excarcelados.

Sánchez, preguntado directamente sobre sus planes para reformar la ley, se limitó a ensalzar la norma como «pionera». «Implica un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento e introduce nuevas penas y más circunstancias agravantes», ensalzó incluso el presidente socialista, mostrando así su acuerdo con el polémico marco penológico.

«Lo que hace es reforzar la protección de la mujer frente a cualquier tipo de agresión sexual», insistió, para indicar que, «ahora, los tribunales tienen que, a través de la jurisprudencia, establecer la correcta forma de aplicar la ley».

En este contexto, se refirió a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la revisión del caso Arandina que determinó que se debía aplicar esta norma «analizando caso a caso sin que pueda hacerse una rebaja automática de la pena». De este modo, descartó hacer una reforma de la norma, señalando que debían ser los tribunales los que hiciesen una «correcta» aplicación de la ley.

Ahora se sabe, en cambio, que desde principios de diciembre, Igualdad y Justicia ya intercambiaban textos para reformar la ley que aplaudían en público, sin admitir el error.

Un mes después, el Partido Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados, en solitario, su propuesta de reforma de la ley del sólo sí es sí, con el objetivo de frenar sus «efectos indeseados». Desde que entró en vigor, casi 400 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas y la reforma tampoco evitará que sigan esas revisiones.

La propuesta del PSOE recupera la horquilla de entre uno y cinco años de prisión para las agresiones sexuales en las que no haya penetración y de entre seis y 12 cuando sí haya penetración, en el caso de que la agresión se hubiera producido con violencia, intimidación o anulando la voluntad de la víctima. Pese a la reforma, en el PSOE admiten que es posible que una vez entre en vigor la reforma se produzcan todavía rebajas de condenas.

Con Bildu

La pretensión del socio mayoritario del Gobierno es aprobar esta reforma en el Congreso este mismo mes de febrero y para ello ya han pedido la tramitación por la vía de urgencia, con el que los plazos se acortan a la mitad. Los socialistas admiten que su interés es sacar adelante la propuesta con sus aliados del «bloque de investidura», esto es, con ERC y Bildu, y no tienen intención de hablar con el Partido Popular, que ya en diciembre registró en el Parlamento una proposición casi idéntica para elevar las penas. «No negociaremos con el PP porque no quiere la ley, hablaremos con todos los demás», ha afirmado López en rueda de prensa.

Las conversaciones con Podemos se han dilatado durante días, sin acuerdo final. El desencuentro entre los socios es grave. Desde el PSOE señalan que había llegado un punto en que las negociaciones «no avanzaban» y era «urgente» corregir la ley. El plazo para la aprobación definitiva de la reforma de la norma dependerá de las enmiendas que se presenten. En este proceso no descartan que pueda producirse algún acuerdo.

Avisos

El Gobierno fue advertido en reiteradas ocasiones de lo que ahora califican de «efectos no deseados». Es decir, que la ley que pensaban aprobar podría provocar la revisión de condenas a la baja. Pese a ello, el Consejo de Ministros -presidido por Pedro Sánchez- le dio luz verde el 6 de julio de 2021 y la ley quedó definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado agosto.

Como desveló este periódico, el Ministerio de la Presidencia era consciente del riesgo judicial de la norma, como admitió también hace unos días la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

En un documento fechado el 16 de septiembre de 2020, Moncloa avisó a Igualdad de que, con la reforma proyectada, «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

En este contexto se alertaba: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Durante más de dos años, Sánchez ha ocultado la existencia de este informe y sus críticas a la rebaja de penas. Es más, el presidente socialista no ha dudado en mostrar públicamente su respaldo a la ley, de la que se ha declarado «orgulloso».

La semana pasada, Calvo confesó que Moncloa era consciente de los riesgos y que, tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la ley presentada por Montero, pero que se optó por respetar la «autonomía» de Montero y se siguió adelante con la ley. «Era previsible que ocurriera», reconoció la dirigente socialista.