La asesora de Begoña Gómez pide un cambio de fecha para el careo judicial por un viaje previsto a EEUU

La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado dos escritos ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en relación con el careo judicial programado para el próximo 14 de mayo. Esta diligencia busca confrontar las declaraciones de Álvarez con las de Alfredo González, alto cargo de Moncloa, quien tramitó por orden de Félix Bolaños su propuesta de nombramiento como asesora en 2018.

En el primer escrito, remitido a través de su procuradora, la defensa solicita la suspensión de la diligencia prevista para el 14 de mayo, alegando que Álvarez tiene programado un viaje a Estados Unidos entre el 10 y el 17 de mayo. «En esa fecha mi patrocinada se encontrará fuera de España», expone el abogado Chema de Pablo, quien adjunta como prueba la reserva de los vuelos correspondientes, solicitando al magistrado que «señale nuevo día y hora para su práctica».

En un segundo documento, la defensa cuestiona directamente la pertinencia del careo, amparándose en lo establecido en el artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula que este tipo de diligencias proceden «cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario».

«Esta defensa ha repasado el contenido de las declaraciones prestadas por Alfredo González y Cristina Álvarez y no ha sido capaz de identificar ninguna discordancia ni contradicción entre lo manifestado por uno y otra», argumenta el letrado, quien añade que «el visionado de las declaraciones nos lleva a la conclusión de que la declaración de Alfredo González es absolutamente coincidente con las dos que prestó Cristina Álvarez».

Por este motivo, el abogado solicita al juez Juan Carlos Peinado que aclare «cuáles son los puntos de discordancia y contradicción entre lo declarado por uno y otra, sobre los que versará el careo acordado», considerando esta aclaración «preceptiva cuando se acuerda un careo».

El trasfondo del caso

Esta diligencia forma parte de una línea de investigación abierta por el juez Peinado al considerar que la contratación de la asesora de Begoña Gómez podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos. La sospecha surge tras el hallazgo de correos electrónicos que vincularían a la asesora con gestiones realizadas para Begoña Gómez ante la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su declaración como testigo del pasado febrero, González aseguró que no conocía a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos tramitó, y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora. «Yo me limitaba a remitir al órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público establece, al tratarse de personal eventual el nombramiento y el cese es libre», manifestó durante su interrogatorio.

El juez mostró entonces su sorpresa por este procedimiento: «Llama poderosamente la atención a quienes tenemos algún tipo de vinculación con la Administración Pública. Esto no es lo habitual, sino todo lo contrario, se exigen unos procesos bastante rígidos y bastante selectivos para nombrar a alguien que va a percibir cantidades con cargo a los presupuestos generales del Estado».

González justificó el procedimiento indicando que para «personal eventual» no se aplican los requisitos habituales de selección. Cuando el magistrado le preguntó de quién dependía, el testigo señaló a «Félix Bolaños», entonces su superior directo en La Moncloa, con quien despachaba «multitud de asuntos» diariamente.

Esta declaración llevó al juez a citar también como testigo al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien el pasado 16 de abril afirmó que la designación de la asesora de Begoña Gómez se realizó conforme establece la ley de contratación de personal eventual, desligándose personalmente de su nombramiento.

Por su parte, la propia Álvarez declaró ante Peinado que se la nombró asesora en Moncloa para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno tanto en temas oficiales como privados. Según relató, fue la propia Begoña Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, quien la contactó para que trabajase como su asesora y persona de «confianza».

Esta investigación sobre la contratación de Álvarez es solo una de las líneas abiertas en el caso que afecta a Begoña Gómez. En la causa principal se indagan también presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

El juez Peinado deberá ahora pronunciarse sobre ambas peticiones: si accede al cambio de fecha del careo por el viaje programado de Álvarez y si proporciona las aclaraciones solicitadas sobre las supuestas contradicciones que justificarían esta diligencia judicial.

La decisión del magistrado podría tener implicaciones relevantes en el desarrollo de esta pieza separada del procedimiento, centrada específicamente en determinar si la contratación de la asesora de Begoña Gómez pudo constituir un uso indebido de fondos públicos o si, por el contrario, se ajustó a los procedimientos legales establecidos para la designación de personal eventual en la Administración.