Anticorrupción pide 8 años de cárcel para el ex presidente de la Diputación de Valencia por malversación

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos en concurso con otros de prevaricación y falsedad en documento público por la creación ‘a dedo’ de varias plazas de alta dirección que fueron otorgadas a personas cercanas al PSPV y a Compromís dentro del conocido como caso Alquería. El PP pide 18 años de cárcel.

Rodríguez, considerado hasta su detención como el mirlo blanco de Ximo Puig y un posible sucesor, continua actualmente como alcalde de Ontinyent tras abandonar el PSPV y concurrir a los comicios bajo las siglas de La Vall ens Uneix, partido que ha dejado sin representación al PSPV en ese municipio.

La petición de Anticorrupción no es la única mala noticia para Rodríguez, pues el magistrado instructor Miguel Ángel Casañ ha emitido el auto de apertura de juicio oral, que es irrecurrible. En su escrito, el fiscal también solicita las mismas penas para el exgerente de Divalterra José Ramón Tíller y la excogerente Agustina Brines, el exjefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación, Ricard Gallego; para otro asesor, Manuel Reguart

En cuanto a los directivos contratados: Josep Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri Llopis , Salvador Femenía y Víctor Jiménez, Anticorrupción solicita una pena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación como autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios de la malversación.

Por último, el fiscal Pablo Ponce pide para el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda y para el excogerente de Divalterra Xavier Simó seis años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Escrito del fiscal

Explica el fiscal en su escrito de acusación que, el 100% del capital social de Divalterra (antigua Imelsa) es propiedad de la Diputación Provincial de Valencia, por tanto, es una empresa pública perteneciente al Sector Público Local.

Y que Agustina Brines de Compromís, Ramón Tiller del PSV y Manuel Reguart, con el también acusado Jorge Rodríguez Gramaje, presidente de la Diputación «dispusieron los nombres de los que querían contratar, fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de dirección , costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros , afines o simpatizantes a los partidos políticos PSV y Compromís, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública».

Así, sabedores los acusados de las disposiciones legales, sin sujetarse a la normativa de contratación pública indicada y en este caso incumpliendo también lo dispuesto en los Estatutos de Imelsa dispusieron y formalizaron  el nombramiento como personal de alta dirección de siete personas, «sin sujetarse a los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad sabedores de que dicho nombramientos iban a suponer tan sólo coste salarial a la empresa».

Para el fiscal del caso, la motivación detrás de los contratos sólo tenía un motivación que era la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y el PSOE. De tal forma que las personas contratadas tres son afines a Compromís y cuatro son afines al PSOE, «correspondiendo a cada uno de los gerentes de dichas formaciones políticas la contratación de los afiliados o simpatizantes a su correspondiente partido político, único mérito para contratarles».

Expone en su escrito que esto se hizo «siguiendo una política de claro desprecio al patrimonio público y en plena crisis económica, hicieron caso omiso a la legislación dictada para evitar el descontrol de las empresas públicas».

Y como ejemplo de sus acusaciones explica que, una de las personas contratadas como director del Área de Sostenibilidad del Medio Rural, no ha ejercicio ninguna función directiva dentro de la sociedad, «ni tenía capacidad real para obligar a la misma en ningún contrato, ni en materia financiera, ni facultades generales de representación pese a lo que de forma artificiosa se firma en el contrato justificativa del alto salario percibido».

Consejo paralelo

Para evitar cualquier control, Jorge Rodríguez, de común acuerdo con los acusados Tiller y Brines, gerentes de la empresa y los también acusados Ricard Gallego y Manuel Reguart, personal eventual de la Diputación y nombrados asesores del presidente, «con la intención de controlar la empresa pública para sus fines partidistas y evitar cualquier disidencia que se pudiera manifestar crearon el denominado Consejo de Dirección, para sustituir de hecho a la voluntad del Consejo de Administración de Divalterra».

En el ánimo de ocultar lo que estaban haciendo, pues había informes en contra de las contrataciones, y sabedores los acusados de su «arbitrario e ilegal proceder» fueron encargando sucesivos informes jurídicos a diferentes entidades y profesionales con la finalidad de amparar su actuación. Unos informes que contrastan con los que se habían hecho previamente.