Almeida desbloquea la herencia envenenada de Carmena para privatizar la Justicia gratuita de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá el próximo viernes día 13 con el decano del Colegio de Abogados (ICAM), el procesalista José María Alonso, para desbloquear la crisis de la ‘privatización’ del Servicio de Orientación Jurídica de la capital.

El regidor popular busca una solución, ajustada a Derecho, para la herencia envenenada de su predecesora en el cargo, Manuela Carmena, cuyo Gobierno decidió poner fin a la prestación gratuita del servicio -que el ICAM venía atendiendo de forma regular, desde 1989, a través de un convenio suscrito con el Ayuntamiento- tras convocar un concurso público que se licitó dos días antes de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo.

El ICAM interpuso en junio un recurso contencioso-administrativo contra la maniobra de Carmena, solicitando la suspensión cautelar de dicho proceso. En idéntico sentido, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), presentó otro, el 6 de julio, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ahora, José Luis Martínez-Almeida trata de desbloquear el complejo escenario, sin esperar a que los tribunales se pronuncien al respecto. Para ello, ha pedido a los letrados del Ayuntamiento un estudio pormenorizado del caso -para que dictaminen sobre las posibilidades de anular el concurso- y mantendrá la entrevista oficial con el decano Alonso, el próximo viernes, en un intento por encontrar «una solución razonable», confirman fuentes municipales a OKDIARIO.

Ánimo de lucro 

Desde el ICAM rechazan la posibilidad de que, en base a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pueda articularse la prestación de este servicio «a través de empresas privadas del sector» que incorporarán el «ánimo de lucro» al mismo.

Tal es así, que el presupuesto asignado por Carmena fue de 301.889,17 euros al año. Una cantidad que se embolsará, si nadie lo resuelve antes, una de las dos entidades finalistas del concurso, actualmente pendiente de adjudicación.

Algo que el ICAM lamenta en tanto en cuanto que, como «Corporación de Derecho Público», su misión es la de proporcionar «un asesoramiento jurídico imparcial, objetivo y de calidad, sin intereses privados o meramente comerciales que puedan alterar la esencia y finalidad del servicio». Algo que cuestionan puedan garantizar entes empresariales.

El Ayuntamiento de Madrid tiene que «garantizar su derecho de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad» a los madrileños más vulnerables, que carecen de recursos.

Malestar 

Desde el ICAM no ocultan su malestar e insisten en que el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) «es un servicio público cuya gestión y prestación viene encomendada de forma exclusiva y excluyente» a los Colegios de Abogados -Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita- con el objetivo de «garantizar la independencia, permanencia, solvencia y calidad» del mismo y alejarlo de intereses privados.

Si bien «los Ayuntamientos pueden colaborar en la prestación de este servicio», apuntan, «en ningún caso hacerlo para sustituir a los Colegios de Abogados ni apropiarse de funciones y competencias que corresponden, en exclusiva», a estos.

El decano Alonso ratificará a Almeida su preocupación por la vigencia del «concurso público convocado por el anterior equipo de gobierno municipal», mediante el cual se pretendía «sustituir como gestor y prestador de este servicio público esencial» a un Colegio profesional «con más de cuatro siglos de existencia. E incorporar, en su lugar, a la persona natural o jurídica, española o extranjera, o unión temporal de empresarios»
que resulte adjudicataria del servicio».