Buch y Lloveras comparecen ante el juez por promover el 1-O entre los alcaldes

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, comparecerán este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en calidad de investigados por su apoyo al 1-O cuando presidían, respectivamente, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Previamente, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el Govern en pleno acompañarán a ambos hasta el tribunal, según informó la Generalitat en un comunicado, y también lo harán las ejecutivas de ambas entidades municipalistas y varios alcaldes.

El Ejecutivo catalán subirá por el paseo Lluís Companys, desde las puertas del Parque de la Ciutadella, hasta llegar a la sede del TSJC, donde también los arroparán los actuales presidentes de la ACM, David Saldoni, y la AMI, Josep Maria Cervera.

La citación en el TSJC por un presunto delito de desobediencia se produce a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya presentada en septiembre de 2017 cuando Buch era presidente de la ACM y Lloveras de la AMI, unos cargos que actualmente ya no ocupan.

La primera en declarar ante el magistrado Jordi Seguí será Lloveras, a las 10 horas, y posteriormente, a las 11 horas, está previsto que comparezca Buch, ha informado el TSJC.

Apoyo de alcaldes al 1-O

Según un auto del TSJC, Lloveras y Buch enviaron correos electrónicos a otros alcaldes catalanes para que dieran apoyo al referéndum del 1-O con medidas como aprobar decretos de alcaldía y confirmar la disponibilidad de los locales de votación.

En sus inicios, el TSJC envió la causa al Tribunal Supremo pero el magistrado Pablo Llarena rechazó su competencia para investigarla y la devolvió al tribunal catalán, que es quien tomará declaración al conseller y a la alcaldesa.

La querella de la Fiscalía, presentada el 14 de septiembre de 2017, les atribuía presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por considerar que hicieron «actos inequívocos de promoción y organización del referéndum», suspendido por el Tribunal Constitucional.

La querella se dio a conocer el mismo día que empezó la campaña del 1-O y desde el acto central que los independentistas celebraron aquel día, Lloveras declaró que era un ataque al mundo municipal que demostraba que España es «un Estado en decadencia y sin valores democráticos».