Aguirre propone eliminar el impuesto de plusvalía por ser «injusto, confiscatorio y un atraco»

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha propuesto este lunes la supresión del impuesto municipal de plusvalía porque es «injusto, confiscatorio y un atraco a los madrileños».

Así lo ha indicado la también expresidenta de la Comunidad de Madrid este lunes durante una rueda de prensa donde también ha abogado por trasladar al Ayuntamiento el modelo tributario de baja fiscalidad que aprobó como presidenta regional y que «tan buenos resultados económicos ha dado en los últimos años».

Aguirre propone rebajar el tipo impositivo del 29% actual al 24% para que los familiares que hereden la vivienda actual del fallecido o un local afectado por una actividad económica vean bonificada en un 95% las plusvalías que tienen que abonar al Consistorio.

Incremento de un 219%

Para el PP, el impacto de la revisión catastral unido a la caída de los precios de viviendas durante la crisis económica entre 2008 y 2014 está poniendo de manifiesto “la vulneración del referido principio de capacidad económica que rige nuestro sistema fiscal español”.

Y es que el Impuesto de Plusvalía, como señala el PP municipal, se ha convertido en un impuesto “confiscatorio e injusto” como demuestra la evolución de la recaudación de la hacienda municipal durante los años de la crisis inmobiliaria: la recaudación ha pasado de 190,8 millones de euros a 607,9 millones en 2016, lo que supone un incremento de un 219%.

La dirigente popular quiere trasladar al Ayuntamiento el modelo tributario de baja fiscalidad que aprobó como presidenta de la Comunidad de Madrid y que tan buenos resultados económicos ha dado en los últimos años a la Hacienda autonómica.

En este sentido, Aguirre ha acusado al Consistorio madrileño de «comprar edificios para dárselo a sus amiguetes y a las asociaciones de okupas» y ha recriminado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya que dijo que la radio municipal no iba a llevar temas políticos y sin embargo, «esta mañana ha sacado la venta de pisos a fondos buitres».

En el Congreso del PP de Madrid que se celebró recientemente se aprobó la inclusión de una enmienda en su Ponencia económica por la que piden la bonificación del impuesto de plusvalías o «en su defecto, la reducción del coeficiente».

Un ejemplo puesto por Aguirre ha sido el siguiente: una persona que herede una vivienda adquirida en 1997, con un valor catastral de 150.000 euros que se hubiese revalorizado un 3% anual tiene que pagar ahora al Ayuntamiento 26.100 euros. Con la reforma que plantea Aguirre, abonaría sólo el 5%; es decir, 1.305 euros. Este familiar, por tanto, se ahorraría ni más ni menos que 24.795 euros.

Preguntada por OKDIARIO, Aguirre ha señalado que la iniciativa que llevó a Pleno el grupo municipal Ciudadanos en febrero era muy diferente. «Existen dos modelos: el sistema de autoliquidación del contribuyente o por parte de la Administración en el que el ciudadano puede decir algo», ha explicado.

Otras iniciativas

Esta iniciativa de Aguirre se suma a la media docena que ha presentado el grupo municipal popular a lo largo de esta legislatura y que tienen que ver con reducciones o bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el de Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica, o la supresión de la Tasa de Residuos y la del Uso de Cajeros automáticos en la vía pública. 

La propuesta del Grupo Municipal del PP se enmarca, en primer lugar, en el contexto de una sentencia del Tribunal Constitucional del 17 de febrero de 2017 que declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos  relativos a la Ley de Haciendas Locales referentes a la Plusvalías. La sentencia, que está precedida de una amplia jurisprudencia y posicionamiento doctrinales, considera que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

Y en segundo lugar, la iniciativa recoge el clamor de los ciudadanos y asociaciones en defensa de sus derechos “en el sentido de remodelar una impuesto obsoleto, de carácter confiscatorio y que desconoce los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.