El agente de la UCO que filtraba a la cloaca del PSOE se enfrenta a 20 años de cárcel en una causa donde quieren que declare Teresa Ribera

El capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, investigado por filtrar información reservada de la trama de fraude en hidrocarburos del caso Gaslow y a la trama de Leire Díez, se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel formulada por la acusación popular de Vox.

El escrito, presentado este martes y que adelanta, reclama un total acumulado de 623 años de prisión para los 16 acusados de la causa, entre ellos Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama, para quien se piden 61 años y 6 meses.

El partido de Santiago Abascal ha solicitado además la declaración como testigo de la ex ministra Teresa Ribera. La titular de la cartera de Transición Ecológica está en el centro de la polémica por el descontrol en este asunto. La Audiencia Nacional tiene multitud de causas abiertas porque el Gobierno no ha puesto límites al fraude del IVA. Muchas empresas durante años han recaudado el IVA pero luego no lo han repercutido en las arcas públicas.

Vox también pide que declaren Koldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Carmen Pano y su hija, Marc Pons, director del gabinete de Teresa Ribera, Manuel García Hernández, ex director general de Política Energética y Minas.

El propio Sánchez Yepes ha roto su silencio en una entrevista reciente concedida a OKDIARIO, en la que ha denunciado estar sufriendo una «persecución horrorosa» desde que se abrió el procedimiento. Reconoce que el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, le presentó a Leire Díez porque «buscaba irregularidades de la UCO».

623 años de cárcel

El escrito de acusación popular detalla delito por delito la responsabilidad de cada acusado, en un cómputo que, sumado, alcanza los 623 años de prisión solicitados en conjunto.

Las cifras más elevadas corresponden a los considerados dirigentes de la organización: Antonio Rodríguez Estepa y Javier García Pérez, con 67 años y 6 meses cada uno, seguidos de Juan Simón Martínez y el propio Claudio Rivas Ruiz-Capillas, ambos con 61 años y 6 meses.

A Rivas, identificado en el escrito como líder del grupo que «dominó Gaslow desde finales de junio de 2020» junto a Jesús de Gregorio, Emilio Carrillo y Manuel Salles, se le imputan ocho años por dirigir organización criminal, cuarenta y dos años por los siete delitos contra la Hacienda Pública, dos años y medio por falsedad documental continuada y nueve años por blanqueo de capitales.

Vínculo con Aldama

La conexión entre Rivas y Víctor de Aldama, comisionista cuyo nombre ha quedado asociado a buena parte de las tramas que rodean al PSOE en los últimos años, sitúa esta causa como un afluente directo del entramado del caso Villafuel.

Según la acusación, Rivas habría comprado la comercializadora Bludger Combustibles el 13 de mayo de 2020, sociedad que después vendió «de inmediato» a un tercero que le otorgó poderes generales, en una operativa que la fiscal popular describe como parte del «alargamiento artificial e innecesario de la cadena de comercialización» del fraude del IVA.

Al margen del grueso de la trama empresarial, el escrito reclama veinte años de prisión para Sánchez Yepes: cinco por integrar organización criminal, seis por blanqueo de capitales, seis más por cohecho pasivo y tres por revelación de secretos en su modalidad agravada.

A diferencia de los dirigentes, en su caso no operan los descuentos del artículo 76 del Código Penal que limitan a veinte años el cumplimiento efectivo de quienes suman penas muy superiores.

El relato fiscal sitúa a Sánchez Yepes prestando servicio entre 2008 y 2022 en el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, la misma unidad que investigaba el fraude de los hidrocarburos en la denominada Operación Larraondo. Según la acusación, el capitán habría mantenido «una colaboración duradera en el tiempo con la organización», recibiendo dádivas a cambio de información reservada. Se sospecha que cobró 132.000 euros en criptomonedas y 96.000 en tarjetas prepago.

Avisó del registro

Uno de los episodios centrales de la acusación es un mensaje de WhatsApp del 8 de julio de 2021 en el que uno de los investigados, alertado presuntamente por su contacto en la UCO, escribía: «Según este pollo […] ve cosas muy raras y que entre el lunes y el miércoles me llevan puesto».

Esa fecha coincide con el periodo inicialmente previsto para las detenciones, y permitió, según la fiscal popular, que varios investigados se «anticiparan a las consecuencias del registro».

El agente niega de forma rotunda cualquier vinculación política con su otra causa, la relacionada con Leire Díez: «Yo no tengo nada que ver con el PSOE, ni con el Partido Popular, ni con ningún partido. Yo siempre me he dedicado a trabajar en mi mundo». Yepes lamenta además el cúmulo de imputaciones que pesan sobre él: «Ya son dos imputaciones contra mi presunción de inocencia».

La acusación reclama también, entre la documentación a aportar, la «hoja de servicios y destinos de Juan Sánchez Yepes en la UCO» y el «registro de accesos/consultas a bases de datos policiales» que el capitán habría realizado a petición de uno de los investigados.

Un capitán de la unidad de élite contra el blanqueo de capitales, acusado de blanquear él mismo el dinero que recibía por avisar a quienes debía investigar, y un socio de Aldama al que se le piden 61 años de cárcel: 623 años acumulados que dibujan, mejor que cualquier alegato, el tamaño del embrollo judicial que la Audiencia Nacional deberá ahora desenmarañar, con Teresa Ribera propuesta como testigo en un juicio que amenaza con convertirse en una rama del árbol de media docena de causas que colean contra el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.