Un agente de la UCO declara en el juicio de los ERE que «las ayudas son ilegales»

El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha coordinado diferentes atestados realizados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha señalado en su declaración ante el tribunal que juzga el caso de los ERE que «creo que las ayudas son ilegales por multitud de indicios».

Este comandante de la Guardia Civil, responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, ha enumerado entre estos indicios «cómo se llegaba a los ERE, cómo se llegaba a las ayudas, los ‘conseguidores’, los pagos cruzados, los pagos directos a un ex director general de Trabajo –Francisco Javier Guerrero–, o la falta de solicitud». «No es que no hubiera normativa que es no hay muchas cosas en este procedimiento irregular», ha añadido.

Así ha respondido a preguntas de la defensa del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, quien ha insistido al agente sobre su conocimiento o información de la normativa estatal y autonómica para la concesión de las ayudas investigadas.

Ha admitido que sabe que se dieron ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial de manera conjunta entre el Ministerio y la Junta como fue el caso de la Faja Pirítica, pero ha matizado que no ha investigado el procedimiento usado por el Gobierno y sí el de la Junta.

Precisamente, sobre la Orden Ministerial de 1995 de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, ha repetido respuesta: «Creo que no es de aplicación». Al hilo de esto ha puntualizado que, «si lo fuese», el procedimiento usado por la Junta la concesión de ayudas sociolaborales «no cumple ni lo que marca la Orden, que prevé un control, una justificación y una solicitud; y aquí no hay nada».

«No soy experto, pero está claro que la aplicación de la Orden no se da en el procedimiento» de la Junta, ha reiterado. «La Orden de 1995 no tiene cabida aquí», ha afirmado porque, a su criterio, es «evidente que no se cumplen los puntos de la misma».

Previamente, el agente ha señalado que «no había norma» para la concesión de ayudas, retomando una respuesta que minutos antes le había dado al abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. «Si hubieran querido lo hubieran normalizado. Algunos actores –de la investigación de la causa– pretendieron normalizar el procedimiento pero no se hizo por los que tenían capacidad de hacerlo», ha manifestado.

«Es una persona que lo ha pasado mal»

De otro lado, el comandante de la Guardia Civil, a preguntas del abogado de Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente que asumió el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en virtud del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en 2001, ha admitido que visitó a la juez instructora del caso ERE Mercedes Alaya en su domicilio durante la baja por unas fuertes cefáleas entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.

«Yo personalmente he ido a verla a interesarme por ella», ha afirmado el agente de la UCO, señalando que en algún viaje a Sevilla fue a su casa a «interesarse por su salud». Preguntado por el letrado Miguel Delgado si hablaron de aspectos de la investigación, el funcionario ha indicado que «evidentemente está en el procedimiento y es lógico que hablemos algo con ella».

Si bien, tras insistir el abogado en si hicieron «comentarios» –él y la magistrada– sobre el procedimiento en su casa, el comandante ha manifestado que «no». «Me interesé por ella, me ha recibido la pobre en su casa, la considero que es una persona que lo ha pasado mal», ha expresado el agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a este respecto.

El declarante, que coordinó diferentes atestados de la Guardia Civil, entre ellos el entregado en abril de 2015 por la Guardia Civil al instructor de la causa de los ERE irregulares en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, sobre la ‘implicación’ de Zarrías en el caso, ha continuado respondiendo este martes a las preguntas de las defensas.

Procedimiento «para saltarse la fiscalización»

Entre otras cuestiones el comandante de la Guardia Civil, a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, que ejerce la defensa del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, sobre si considera ilegal o irregular las transferencias de financiación usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas, ha señalado que, «a juicio policial», hay un procedimiento –de concesión de ayudas– «para saltarse la fiscalización crítica o previa, y en ello entran las transferencias de financiación, que es un componente más».

A este respecto y como ya dijera este lunes ha precisado que había «un problema» con la fiscalización de las ayudas y para «agilizar» la concesión de éstas se creó «el procedimiento» investigado en la causa, financiándose con las modificaciones presupuestarias.

Además, ha indicado que «esto es un procedimiento» y, según añade, «si no se paga no hay menoscabo o posible malversación». «Las resoluciones de otorgamiento de subvención de la Consejería de Empleo sin conexión con los pagos de IFA/IDEA no tendrían sentido en el procedimiento», ha continuado.

El comandante de la Guardia Civil, que ha precisado que responde a las preguntas en base «por acumulación» de indicios, pruebas documentales, declaraciones y manifestaciones en fase de instrucción, ha insistido que lo que se investiga en esta causa es «un procedimiento concreto, no supuestos de haber llevado a cabo otros métodos».

Sobre el desfase o déficit en las cuentas de IFA/IDEA, el responsable de la UCO ha explicado que «se asumían compromisos de pago» por el ente instrumental «por encima de lo que recibían», resaltando que le concede «importancia» a este asunto porque «puede ser indicativo de algún menoscabo».

El interrogatorio de las defensas se ha visto interrumpido por el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien ha llamado la atención tanto a los abogados como al declarante para que se limitara a responder a la cuestión en concreto.

Así, el abogado de Jacinto Cañete, a través de la exhibición de diferentes documentos incluidos en la causa, ha tratado de evidenciar que ex interventores delegados en la Consejería de Empleo conocían el convenio marco de 2001 a pesar de que en manifestaciones ante la Guardia Civil dijeran que no. Al hilo de esto, ha preguntado si no investigó esta posible contradicción, a lo que ha respondido el declarante que «no».

Esta cuestión ha generado un debate entre los dos, llegando el abogado amparo al presidente del tribunal para que no le interrumpiera el agente de la UCO, que ha finalizado su declaración. Este miércoles será el turno de su compañero que realizó el atestado entregado al Supremo y también están citados el expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía Salvador Durbán, y Juan Manuel Domínguez Gómez y Claudio Conde Estévez.