Yolanda Díaz propone fiscalizar el coste de los alimentos y su precio en los supermercados

Con su iniciativa, los de Yolanda Díaz se proponen afrontar la situación de crisis que está viviendo el sector agrario, que en 2022 aportó el 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en España y que se ha configurado como «estratégico» por su relevancia económica y social. Una crisis, dice la formación, que obedece a causas «estructurales», como son un mercado con un «alto componente especulativo», el cambio climático, la sequía o unas políticas agrarias y comerciales europeas «cada día más liberalizadoras».

«Es fundamental tomar medidas para proteger a este sector, a sus trabajadores y trabajadoras, en uno de sus momentos más duros», remarca el grupo plurinacional en su propuesta.

Una crisis, dice la formación, que obedece a causas «estructurales», como son un mercado con un «alto componente especulativo», el cambio climático, la sequía o unas políticas agrarias y comerciales europeas «cada día más liberalizadoras».

«Es fundamental tomar medidas para proteger a este sector, a sus trabajadores y trabajadoras, en uno de sus momentos más duros», remarca el grupo plurinacional en su propuesta.

Sumar insta al Gobierno a trabajar desde varias perspectivas los problemas del sector. Primero en una comisión interministerial de sequía con especial interés en la elaboración de marcos para los planes de emergencia por sequía, con la participación de las organizaciones interesadas.

Compensar a los agricultores

La formación reclama trabajar en medidas de control del desequilibrio existen entre oferta y demanda, de modo que se dote del presupuesto suficiente para compensar las pérdidas de los productores.

La compensación de las pérdidas se acompañaría con un plan de rescate agrario integral a corto, medio y largo plazo que se elaboraría con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto. La idea de este plan es afrontar el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas o la falta de relevo generacional.

Pero también plantean fórmulas de flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC), de modo que se tenga en cuenta el tamaño de las explotaciones en las exigencias burocráticas.

También proponen los de Díaz reconocer a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como representantes e interlocutores del sector y mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales. Por último, instan a estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario.