UGT y CCOO se benefician de la nueva Ley Concursal y piden acceso al plan de reestructuración de Celsa

UGT y CCOO ponen a prueba la nueva Ley Concursal y reclaman su lugar en las negociaciones que se están llevando a cabo para evitar el concurso de acreedores del grupo Celsa, que emplea a 4.500 personas en España.

Los sindicatos han solicitado acceso a «toda la documentación» incluida en el plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores para «su análisis exhaustivo y su posicionamiento definitivo». Las organizaciones aluden al texto de la nueva Ley Concursal para justificar su petición.

Los fondos internacionales acreedores de Celsa, con cerca de 2.000 millones de euros de deuda de la multinacional con sede en Barcelona, presentaron el pasado mes de septiembre, ante el Juzgado Mercantil número dos de Barcelona, un plan de reestructuración, inaugurando así la nueva Ley Concursal.

Los fondos proponen intercambiar 1.291 millones de euros de deuda por acciones y tomar el 100% del capital de la compañía. La familia Rubiralta, propietaria de Celsa, sostiene que la propuesta de los fondos es meramente financiera y que en la práctica supondría el desmantelamiento del grupo siderúrgico.

Los sindicatos UGT y CCOO subrayan en un comunicado conjunto, al que ha accedido este diario, que la nueva Ley Concursal «exige que todo plan de reestructuración deba incluir necesariamente, como parte imprescindible del mismo, las medidas de información y consulta adoptadas en relación con las personas trabajadoras».

En particular, indican, la ley exige que en el plan de reestructuración se haga un mención relativa a «las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de conformidad con la legislación laboral aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar, incluida la información de contenido económico relativa al plan de reestructuración, así como las previstas en los casos de adopción de las medidas de reestructuración operativas».

En el Capítulo IV de la nueva Ley Concursal, en el artículo 633, referido al ‘Contenido del plan de reestructuración’, se indica que los planes de reestructuración contendrán, entre otras menciones, «una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de los trabajadores (…)». También deberán incluir «las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de conformidad con la legislación aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar, incluida la información de contenido económico relativa al plan de reestructuración, así como las previstas en los casos de adopción de las medidas de reestructuración operativas».

En su comunicado sobre Celsa, UGT y CCOO advierten que los fondos acreedores «nunca han sido una solución por su bajo perfil industrial». El grupo catalán está pendiente de recibir una ayuda aprobada por el Gobierno de la Sepi de 550 millones de euros, condicionada a un acuerdo entre la compañía y los acreedores. Los fondos, en su propuesta de reestructuración, no contemplan la percepción de la ayuda pública de la Sepi.

«Frente a la estabilidad del crédito público de la Sepi», añaden los sindicatos, «la propuesta de los fondos acreedores actuales, que nunca financiaron al grupo, no implica, tampoco ahora, una entrada de dinero efectivo».

Las organizaciones sindicales exigen, tras «un primer análisis de la información de la que disponemos actualmente», que la reestructuración de la deuda del grupo mantenga en todo caso el empleo y las condiciones laborales actuales, condición «sine quanon»; que Celsa conserve la sede y su centro de decisión en España, así como la tributación fiscal; evitar «las especulaciones financieras cortoplacistas».

Los sindicatos subrayan que apoyarán un plan industrial que se comprometa a la no venta de activos, a no distribuir dividendos hasta lograr la solvencia financiera. Y también que no contemple una «deuda con retribución fuera de mercado abusiva (…)».