El tope al precio del alquiler degradará las ciudades y creará guetos, alertan los expertos inmobilarios

El tope del 2% al precio de los alquileres no sólo degradará la vivienda y el centro de las ciudades, con el peligro de crear guetos, sino que es inconstitucional, según alertan los expertos inmobiliarios consultados por OKDIARIO. «No se puede intervenir un contrato privado entre las partes que redunda en la expropiación de bienes sin el obligado derecho a la compensación como establece la Carta Magna», opina Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers, una de las principales consultoras inmobiliarias del país.

A su juicio, la enmienda introducida en el proyecto de presupuestos generales del Estado a instancias de Bildu, y aprobada en el Congreso de los Diputados con el pretexto de proteger a las clases más desfavorecidas y de hacer política social, representa un precedente muy peligroso, porque «una vez que intervienes en una cláusula de un contrato pactado libremente entre el propietario del piso y el arrendatario estás sugiriendo que puedes hacerlo con el conjunto del acuerdo si es el caso de que así conviene a los intereses políticos del Gobierno».

Además de los asuntos estrictamente legales, Fernando Encinar, cofundador de Idealista, el portal inmobiliario líder en España, considera que este tope al alquiler, que demuestra un afán intervencionista inoportuno, detraerá la inversión en el sector por falta de certidumbre y de seguridad jurídica y restringirá gravemente la oferta. «Muchas personas que ahora compraban inmuebles y los acondicionaban para ser alquilados dejarán de hacerlo porque sencillamente ya no les va a compensar en un momento en el que están subiendo todos los costes, que no van a poder repercutir».

Los dos expertos consultados coinciden en que la situación económica es la menos propicia para adoptar una medida de este tipo. «Aunque no se debería aprobar jamás, justo ahora la demanda de alquiler es elevadísima porque los precios de compra de la vivienda están disparados, de manera que se va a producir el efecto de que incluso mucha gente de alto poder adquisitivo, a la que no le da para adquirir un inmueble, pero sí podría afrontar un alquiler elevado en una zona cara, tampoco lo va a conseguir porque no va a haber oferta.

Estás fomentando el mercado negro», asegura Echevarren. «Es una manera perniciosa de cargarte la prosperidad futura por tratar de captar votos a corto plazo sin que acabes de satisfacer a las clases que pretendes favorecer, que van a tener enormes dificultades para encontrar un acomodo», afirma.

Tanto Encinar como Echavarren opinan que el tope del 2% del precio del alquiler, que arrancó en marzo con el pretexto de la guerra de Ucrania, que continuó a partir de junio -cuando el conflicto militar ya había entrado en otra fase- y que ahora se consolida para 2023, supone algo parecido a una vuelta a la regulación franquista, que a partir de 1964 prohibió subir los precios, consiguiendo el efecto no buscado pero evidente de degradar las viviendas, deteriorar los barrios del centro de las ciudades y favorecer finalmente la delincuencia hasta convertirlos en lugares peligrosos y en impulsar la aparición de guetos.

«Los movimientos en el mercado de la vivienda son lentos y sus efectos sólo se perciben a largo plazo, pero vamos a ver con seguridad en los próximos meses, en cuanto se acaben los contratos en vigor, edificios vacíos, mientras hay una enorme demanda de alquiler que no se va a entender», insiste Echavarren. Estas medidas punitivas también van a impedir que los propietarios de las viviendas inviertan en eficiencia energética cuando estamos en un proceso de transición ecológica que aconsejaría justamente lo contrario: incentivos para apoyar estos cambios en pos del ahorro energético, apunta.

Encinar recuerda que con este tope del alquiler los propietarios van a tener que soportar no sólo su inflación sino la inflación de los inquilinos, que están obligados a partir de ahora a subvencionar. «No parece muy justo». En opinión de los expertos consultados, todas estas consecuencias negativas de intervenir en el mercado y de impedir el libre juego de la oferta y la demanda ya se está comprobando en algunas ciudades como Barcelona, y han fracasado allí donde se han aplicado, como en Suecia, o a nivel local en Berlín y otras urbes que rápidamente han tenido que revertir la medida.