Solo 40 de las 17.000 fincas que Sánchez ofrece a los agricultores alcanzan el tamaño medio del suelo rústico

Han pasado ya más de ocho meses desde que el presidente Pedro Sánchez anunciara que el Estado iba a analizar la aptitud de las 17.000 fincas rústicas que tiene en propiedad para ponerlas en manos de jóvenes agricultores y nada se sabe aún de ese compromiso, y esto pese a que el líder del Ejecutivo aseguró que «en la primera mitad del año» el Consejo de Ministros aprobaría el Real Decreto que daría salida al mecanismo a utilizar para traspasar esas parcelas.

Nada se sabe, al menos oficialmente, pues lo cierto es que una investigación llevada a cabo durante este tiempo por la plataforma de compraventa de suelo rústico Cocampo —el mayor portal del sector en España— ha revelado que esos terrenos que el presidente se ofreció a entregar tienen un aprovechamiento potencial más que dudoso. Valga este dato para ilustrarlo, y es que apenas 40 de esos inmuebles disponen de una superficie superior a las 30 hectáreas, que es el tamaño medio de las fincas agrícolas productivas que hay actualmente en nuestro país (según el INE).

Así, el paso del tiempo ha desdibujado una promesa que en su momento recibió una amplia difusión en los medios y que al Ejecutivo le sirvió para tomar algo de iniciativa en un terreno —el sector primario— que desde hacía semanas le venía mostrando su hostilidad mediante una sucesión de tractoradas y movilizaciones en la calle a cuenta del recorte de la PAC propuesto por Bruselas y el acuerdo comercial entre la UE y los países del bloque Mercosur, un pacto que el Gobierno siempre ha defendido en el seno del Consejo Europeo frente a la oposición de países como Francia y Polonia y de virtualmente todo el sector primario del Viejo Continente.

En este contexto apareció la oferta de esas 17.000 parcelas, una iniciativa que a la Moncloa se le podría terminar volviendo en contra si los potenciales beneficiarios terminan por no aparecer simplemente porque no les interesa la propuesta. El informe de Cocampo es demoledor, pues describe una cartera en la que la superficie media de cada inmueble es de apenas 0,4 hectáreas; y no porque haya un buen número de unidades grandes, pues el 96,9% del parque estatal tiene menos de cinco hectáreas y el 76% tiene menos de una, mientras que solo 176 terrenos alcanzan las diez hectáreas.

Como ya se ha avanzado, desde que se hiciera el anuncio, tanto el Ministerio de Agricultura como el de Hacienda (el titular de esas propiedades) han permanecido en el más absoluto silencio sobre este asunto, así que, si hoy los agricultores disponen de datos concretos que permitan calibrar el valor de esas ya célebres 17.000 fincas, es gracias al trabajo de Cocampo.

Merced a su investigación, esta plataforma ha descubierto que el Estado dispone de 17.915 parcelas catalogadas como rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda), aunque en el Portal de Transparencia solamente aparecen 15.510 registros que pertenecen directamente al Fisco y que, por tanto, son susceptibles de ser enajenados. El resto del paquete lo forman inmuebles propiedad de las Confederaciones Hidrográficas, Carreteras, Parques Nacionales u otros organismos estatales.

El plan del Ministerio de Agricultura, tal y como se anunció el pasado mes de enero, pasa por incorporar ese stock a una plataforma creada ex profeso que se llamará Tierra Joven y que actuará como una suerte de agencia inmobiliaria pública en la que se ofrecerán los inmuebles, ya sea en régimen de venta o alquiler (el Gobierno aún no lo ha aclarado).

Sin embargo, la duda ahora es si esas unidades van a generar demanda, pues las organizaciones agrarias ya advirtieron en su momento que solamente les interesarían si son útiles, extremo que depende de sus características: si son de secano o regadío, forestales o de cultivo y, sobre todo, lo suficientemente grandes. Sobre el tamaño, ya se sabe que es poco atractivo, y sobre las características de esos inmuebles, el Portal de Transparencia no dice demasiado, aunque un repaso por la historia de la cartera de fincas rurales en manos del Estado permite suponer que probablemente se trate de propiedades de escaso valor.

Desde 2012, al menos el Ministerio de Hacienda mantiene un programa para la enajenación de los activos inmobiliarios que posee y no utiliza, incluyendo los rústicos. Ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy, esta estrategia sería consignada en lo que pasó a llamarse el Plan de Ventas del Estado 2012-2020, que luego sería sustituido por el Plan de Ventas 2023-2030, desarrollado bajo el mandato de la ministra socialista María Jesús Montero.

El caso es que las memorias de estos planes contienen mucha información útil para terminar de calibrar el verdadero alcance de la propuesta de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, revelan que entre 2021 y 2024 el Fisco logró enajenar un total de 14.822 inmuebles rústicos a un precio medio de 2.741 euros cada uno, hecho que permite intuir que los terrenos de propiedad estatal cotizan muy mal en el mercado, pues hay que recordar que el precio medio de cada hectárea de cultivo en España se sitúa en más de 10.200 euros (según el Ministerio de Agricultura), cifra que en caso de los terrenos de regadío puede oscilar entre los 14.000 y los 30.000 euros.