Sánchez rechaza dejar 80 millones de fianza para frenar embargos a la Selección por los impagos a las renovables
Los fondos piden embargar a la Selección en cada ciudad que pise en EEUU por los impagos a las renovables
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El Gobierno ha rechazado consignar en un juzgado de Estados Unidos 80 millones de euros para frenar los embargos a la Selección española durante el Mundial de fútbol que arranca este jueves. Los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables, a quienes se adeuda más de 700 millones por sentencias ya dictadas en EEUU y que el Gobierno se niega a pagar, aseguran que han hecho esta oferta al Gobierno para frenar todos los embargos puestos en marcha en el país para embargar ingresos y pagos a la Selección durante el Mundial.
De acuerdo con fuentes de estos fondos acreedores, la oferta ha sido rechazada hasta el momento por el Gobierno, que no ha contestado a los fondos. «Si no contestan, es un no», explican estas fuentes, que no descartan que la Abogacía del Estado acepte en estos días la oferta.
Los fondos acreedores por los impagos a las renovables están mandando requerimientos a decenas de empresas y organismos que tienen o van a tener relación con la Selección española de fútbol en todas las ciudades de EEUU donde está previsto que recalen si van pasando fases en la competición. Todos los bienes están en su punto de mira, incluso el avión del Rey si va a EEUU a ver algún partido -de momento, ha confirmado su asistencia a uno en México-.
Según explican las fuentes de los fondos, la propuesta presentada al Gobierno «supondría la suspensión inmediata de todas las acciones de ejecución que los acreedores están llevando a cabo en relación con el Mundial de Fútbol 2026, a cambio de que España constituyera una fianza ante los tribunales estadounidenses que sería liberada una vez agotados los recursos legales de España en los Estados Unidos».
Esa fianza es de unos 80 millones de euros, que se corresponden con la deuda del caso Watkins, uno de los siete juicios que España ya ha perdido en los juzgados de Estados Unidos y que el Gobierno se niega a pagar.
La propuesta, realizada por el despacho King & Spalding, a través de su abogado principal Matthew McGill, tomaba como modelo una fianza constituida recientemente por España en Bélgica tras la imposición de medidas cautelares que afectaban a aproximadamente 800 millones en activos públicos españoles.
En el marco de ese acuerdo, el alcance de las medidas quedó reducido a aproximadamente 250 millones, importe depositado por el Reino de España en una cuenta bancaria bloqueada a la espera del resultado final de los procedimientos en curso. Con su negativa a este acuerdo, el Gobierno se arriesga a que los fondos consigan embargar a la Selección durante el Mundial.
Los acreedores han señalado que España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales derivados de los impagos a las renovables, y que los procedimientos de ejecución continúan avanzando en múltiples países.
Sólo en Estados Unidos, los inversores han obtenido ya siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe total de 700 millones. Los fondos han logrado resoluciones favorables o mantienen procedimientos activos en jurisdicciones como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando empezó la crisis económica, Zapatero decidió unilateralmente recortar esas primas a las inversiones en fotovoltaica, provocando que en 2011 ya se interpusiera contra España el primer arbitraje en el Ciadi, tribunal adscrito al Banco Mundial.
Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para hacer frente a la crisis económica que heredó, decidió también unilateralmente reducir las primas a todas las inversiones renovables, no sólo a la fotovoltaica. A raíz de ahí, los fondos inversores acudieron en masa al Ciadi, que les ha dado la razón de forma mayoritaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos arbitrales, argumentando que Bruselas se lo impedía al considerarlo ayudas de Estado. Los fondos acudieron entonces a los juzgados ordinarios de países como Reino Unido, Australia o EEUU, que les han dado la razón.
La negativa del Gobierno a pagar también las sentencias judiciales, los fondos han iniciado los procesos de embargo de bienes españoles en estos países. En Estados Unidos se han centrado en la participación de España en el Mundial de fútbol.
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