Sánchez obligará a los agricultores a gastar 600 € al año para apuntar sus gastos en el Cuaderno digital
Los agricultores acusan al ministro de Agricultura de no conocer el sector agrario
Los agricultores tendrán que pagar «entre 500 y 600 euros» anuales más por la implantación del Cuaderno digital de Pedro Sánchez que les obliga a reportar al Gobierno todos sus gastos para controlar lo que contaminan, según José Luis Miguel, coordinador técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El Ejecutivo quiere obligar al sector a informar a las autoridades sobre «todo lo que se hace en las explotaciones agrarias con un volcado de información enorme».
Así, el Ejecutivo de Sánchez impondrá esta medida por primera vez en terreno comunitario, pese a las protestas y movilizaciones de las últimas semanas y los enormes costes que sufren los agricultores desde hace tiempo.
De hecho, una de las quejas del sector agrario es que sus gastos se han multiplicado por tres en los últimos cuatro años. Las autoridades europeas promueven esta herramienta para antes de 2026, pero España ha sido el primer país en implementarla y con condiciones mucho más restrictivas que las exigencias comunitarias, según Miguel.
El coste del Cuaderno digital de Sánchez
El representante de los agricultores afirma a este medio que el Cuaderno digital supondrá hacer frente a una serie de gastos que no existen en la actualidad: «Hay que pagar asesores, hay que pagar a una empresa que me mantiene la aplicación informática, hay que dedicar tiempo a rellenar todos esos campos de información…».
«Las explotaciones cada vez son más complejas y el Gobierno obliga a que sea el agricultor quien lo pague (el Cuaderno digital) mientras se pone detrás del ordenador a controlar por si se están haciendo las cosas mal», lamenta el delegado de COAG. Además, la medida obliga a que los agricultores tengan que «rellenar mensualmente un montón de campos». «Prácticamente, te dedicas a eso», declara Miguel.
Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, afirma a este periódico que el coste de implementar la medida de control para los españoles ascenderá a los 1.500 millones de euros: «Alrededor de 400.000 explotaciones van a tener que llevar el Cuaderno digital a partir del día 1 de septiembre y alrededor de 600.000 a partir del 1 de septiembre de 2025».
«Este calendario lo ha aprobado el Ministerio de Agricultura porque la Unión Europea no hace obligatoria la implantación hasta el 2026. Lo que pasa que aquí en España somos muy chulos y vamos adelantados», explica Cortés. «Hay que comunicar todos los tratamientos con los productos, con la maquinaria… El coste se puede ir perfectamente a 600 u 800 euros a los que más trabajo tienen, y alrededor de unos 400 euros a aquellos agricultores que tengan menos actividad», apostilla.
El representante de Unión de Uniones muestra su sorpresa con el Ministerio: «Afirma que esto lo va a llevar el propio agricultor». Para el delegado, «esto es no conocer la agricultura, la brecha digital que hay en el sector agrario, la medida es de una complejidad impresionante».
Por tanto, el Cuaderno digital de Sánchez no tiene en cuenta la situación de la agricultura y las dificultades que presentan muchos trabajadores del sector a la hora de utilizar los recursos electrónicos. La gestión de la información tendrá que ser delegada en empresas especializadas que reportarán una serie de gastos periódicos a las explotaciones.
Los gastos de los agricultores
Estos costes empeorarán el contexto global del sector. Es más, el Ejecutivo del PSOE no ha sido capaz de frenar el descalabro de la agricultura española. Desde que gobierna Sánchez (2019), el negocio agroalimentario ha caído en un 19,80%. Un desplome que contrasta con el crecimiento económico global de España. En ese periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) español aumentó un 5%.
Además, las perspectivas de los analistas prevén que la agricultura decrezca el 12% en tres o cuatro años. Si eso sucede, el sector será prácticamente residual dentro de la economía española.
Esta situación no parece encender las alarmas en Moncloa. Uno de los mayores costes presentes en la producción agrícola son los salariales. Por ello, la CEOE y Cepyme pusieron encima de la mesa adaptar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las características propias del sector. Sin embargo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, desoyó completamente las propuestas del sector empresarial y terminó pactando el aumento de la retribución mínima únicamente con los sindicatos.
Por ello, los agricultores tienen en el punto de mira el Cuaderno digital de Sánchez, que es uno de los protagonistas en las protestas de estas semanas. Todas las asociaciones y grupos agrarios se oponen a esta medida dado que consideran que entorpecerá aún más la producción en el campo.
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