Sánchez e Iglesias cercan a los propietarios de inmuebles vacíos y grandes tenedores: obligados a alquilar a precios asequibles
Podemos y PSOE han acordado una serie de medidas en política de vivienda que deja a los propietarios de inmuebles completamente indefensos y a merced de sus inquilinos e incluso sus vecinos, que podrán limitar el alquiler del piso.
Una de las propuestas ‘estrella’ del Gobierno socialcomunista será la de frenar «las subidas abusivas del alquiler». Para ello, sendas formaciones impulsarán medidas que «pongan techo a las subidas de precios de alquiler». Para ello, el Gobierno permitirá a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas determinar si una zona está «tensionada», para entonces limitar los precios de sus inmuebles.
Otra de las medidas que más preocupan a los grandes tenedores de vivienda es la de fomentar el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Dice el Gobierno en el texto que, para ello, «se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda». Es decir, que todo apunta a que Sánchez e Iglesias pretenden obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus inmuebles para quienes no pueden pagarse uno. Algo similar a lo que ha sucedido en Cataluña.
Respecto al denominado alquiler turístico, PSOE y Podemos han acordado impulsar reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio. Es decir, que sean los vecinos del propietario quienes decidan cómo y por cuánto puede arrendar éste su inmueble.
Persecución a los propietarios
Sánchez e Iglesias establecerán un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda”, que ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Es decir, que el nuevo Gobierno perseguirá y sancionará a quienes inviertan en vivienda si no es para vivir en ella.
«Se definirá una política específica (…) que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables».
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