Sacyr negociará con Panamá los sobrecostes en julio, cuando pasen los barcos por el nuevo Canal
Sacyr entrega el Canal y provisiona 500 millones de dólares por los sobrecostes
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La constructora española Sacyr está esperando a que se inauguren oficialmente las nuevas exclusas Canal de Panamá para iniciar una ronda de contactos con el Gobierno del país centroamericano, que le permita acordar el pago de una parte de los sobrecostes de la ampliación sin necesidad de esperar a lo que determinen los tribunales, cuyas decisiones se alargarían hasta 2020.. El objetivo de la empresa es evitar el impacto (tanto económico como temporal) derivado de las reclamaciones y negociar directamente con las autoridades panameñas, tal como contempla el contrato. “Una vez que comiencen a pasar los barcos nos sentaremos con ellos para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes”, han señalado a OKDIARIO fuentes de Sacyr.
Sacyr lidera el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), integrado también por la italiana Salini, la belga-luxemburguesa Jan de Nul y la panameña CUSA, que ha construido dos complejos de esclusas de tres niveles, con 16 compuertas que van a permitir aumentar el tamaño de los buques que transitan por el Canal de Panamá, duplicando el transito de mercancías hasta 600 millones de toneladas anuales. La entrega de la infraestructura se produjo el pasado 31 de mayo y la inauguración oficial será el próximo 26 de junio, el día de las elecciones generales españolas.
A partir de ese momento, Sacyr iniciará los contactos para debatir sobre los sobrecostes que ha tenido la obra, ya que el desembolso total que ha realizado la empresa españolas ha ascendido a 5.581 millones de dólares, frente a los 3.192 millones inicialmente estipulados. Aunque excederse del presupuesto inicial es algo normal en este tipo de infraestructuras, la compañía española tiene reclamaciones en proceso por más de 2.400 millones. Los organismos encargados de decidir si el Gobierno de Panamá debe atender las peticiones de Sacyr son, en primera instancia, el DAB (una junta de resolución de conflictos) y, después, el Tribunal de Arbitraje de Miami, tal como establece el contrato de la adjudicación de las obras.
La compañía española tiene reclamaciones en proceso por más de 2.400 millones
Sin embargo, en este documento también se contempla la posibilidad de intentar llegar a acuerdos al margen de estos organismos, directamente entre las autoridades del país y la empresa, y es precisamente en este nivel de negociación en el que quiere moverse Sacyr, tal como han confirmado a este diario fuentes del grupo español. Precisamente, sobre esta materia se ha pronunciado el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, durante su reciente visita a Panamá. “Estamos ante una historia de éxito, en el que hemos entregado la infraestructura cumpliendo todos los criterios técnicos a la perfección y creemos que debemos terminar la relación de manera razonable, cuando los bancos transiten con normalidad será más fácil llegar a algún acuerdo en el cual se produzca un final feliz para todas las partes”, dijo Manrique unas horas después de visitar las obras del Canal junto a la ministra de Fomento española, Ana Pastor, y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
La clave está, por lo tanto, en que las autoridades del país centroamericano “comprueben que la ampliación del Canal va a generar un aumento importante de los ingresos para las arcas estatales, de más de 12.000 millones de dólares en la próxima década, lo que facilitará el proceso de convencer a la opinión pública de que una parte de los sobrecostes que reclama Sacyr son legítimos”, explica a OKDIARIO uno de los técnicos que han participado en las obras. De momento, cumpliendo con el criterio de prudencia que exige la normativa contable, el consorcio que lidera Sacyr ha provisionado 1.000 millones de dólares de posibles pérdidas, de los que la mitad han sido asumidos por el grupo español.
De momento, el Ejecutivo de Panamá se ha comprometido a abonar los 3.192 millones de euros inicialmente estipulados, más 465 millones de euros de sobrecostes reconocidos. Esto supone que el consorcio necesita 1.924 millones de dólares más para no perder dinero con el proyecto de los cuales sólo espera recibir la mitad. De ahí que el grupo de empresas haya provisionado los citados 1.000 millones de dólares en sus estados financieros.
El objetivo de la compañía es seguir pujando para lograr la concesión de más obras en Panamá, ya que los trabajos realizados en el Canal le sitúan como una de las empresas de referencia en el país. El Gobierno del país centroamericano quiere destinar 19.000 millones de dólares en los próximos cuatro años a infraestructuras, de los cuales unos 4.000 millones pueden acabar en manos españolas, según las cifras que maneja el Ministerio de Fomento español.
Uno de los proyectos que están a las puertas de la licitación es el del cuarto puente del Canal, un contrato de 1.000 millones de dólares al que se ha presentado Sacyr en consorcio con la coreana Hyundai. Competirá con otro gigante de las infraestructuras españolas, ACS, que opta al proyecto a través de su filial Dragados. Otra de las infraestructuras que saldrá a concurso a finales de este año o principios de 2017 es la tercera línea de metro de la capital de Panamá, con un contrato que puede alcanzar los 3.000 millones de dólares. Las dos primera líneas fueron construidas por la empresa brasileña Odebrecht y el grupo español FCC.
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