La OCDE baja de la nube a Sánchez: ligar las pensiones al IPC elevaría el gasto 14.600 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empecinado en que, pase lo que pase, la revalorización de las pensiones va a ir ligada al índice de precios al consumo (IPC). Sin embargo, las últimas previsiones de inflación de la OCDE ponen en cuarentena la intención del Gobierno: subir las pensiones conforme a un IPC medio del 8,1% previsto por la OCDE para este año. De ser así, el Ejecutivo socialista tendría que aumentar el gasto en estas prestaciones en 14.600 millones de euros, acentuando aún más el déficit de la Seguridad Social.

Así lo desprende la OCDE en su informe Perspectivas Económicas, publicado este miércoles, en el que prevé una inflación media del 8,1% para el conjunto del año, varios puntos porcentuales por encima del 3,2% que estimó en diciembre, la última vez que publicó sus previsiones macroeconómicas completas. En 2023, el incremento de precios se relajará al 4,8%, por encima del 1,5% previsto hace medio año.

Según los últimos datos del Banco de España, actualizar las pensiones en 2023 con una inflación media del 7% costaría unos 12.600 millones a las arcas públicas. De esta forma, de alcanzarse un IPC medio del 8,1 -como estima la OCDE- el Gobierno tendría que aumentar en 14.600 millones el gasto en pensiones. Un despilfarro que vacía la hucha de las pensiones, ya que la Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 10.810 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2021.

El Ejecutivo de Sánchez sigue una hoja de ruta en pensiones que pasa por eliminar en los próximos años el déficit actual de la Seguridad Social, una meta cada vez más inalcanzable ante la evolución descontrolada de la inflación. Un alza de precios que según la OCDE ha llegado para quedarse. El organismo prevé que la inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos frescos y la energía- se mantenga disparada en España hasta 2023.

Para ello, en los dos últimos ejercicios ha traspasado al Estado gastos que en teoría están dentro de ese sistema, como reducciones en la cotización o prestaciones contributivas al nacimiento y cuidado de menores, por un total de 4.570 millones, pero también se trasladan otros gastos por conceptos no detallados, con lo que no se aclara su naturaleza de gastos impropios, cuya suma se acerca a los 14.000 millones de euros. Esta falta de transparencia no contribuye a mejorar la certidumbre sobre la sostenibilidad ni clarificar la situación real del déficit.

El comisario de Economía de la Comisión Europea, Pablo Gentiloni, advirtió del riesgo para las cuentas públicas la vinculación de nuevo de la subida de las pensiones a la inflación, si esta continúa en una espiral alcista, tal y como hace la última reforma de pensiones. Gentiloni aseguró que el Gobierno se ha comprometido a garantizar que el sistema de pensiones sea «fiscalmente sostenible» y que esta cuestión se abordará en las próximas etapas del Plan de Recuperación.

La trampa de vincular las pensiones al IPC

Pedro Sánchez ha recuperado la vinculación de las pensiones al IPC derogando el factor de sostenibilidad de Mariano Rajoy. Sin embargo, este nuevo mecanismo tiene trampa: no indexa las prestaciones a la inflación de noviembre, sino que vincula las pensiones al IPC medio. Y, ¿cómo afecta este truco de Sánchez a los pensionistas? El gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 -con un IPC del 2%- ascendía a 171.165 millones de euros.

Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre de 2021, el IPC medio anual se situó en el 2,5%, superando en 786 millones el gasto previsto por el Ejecutivo socialista. Sin embargo, si se hubiesen revalorizado las pensiones, como se hacía con anterioridad al 2013, es decir, con el IPC del mes de noviembre -que se ha situado en el 5,5%-, el gasto del Estado aumentaría notablemente. La diferencia es importante: esos 3 puntos porcentuales aplicados sobre la partida de gasto en pensiones suponen 4.800 millones que el Gobierno se ahorra y que los pensionistas dejan de recibir. De esta forma, si se divide esta cifra entre los cerca de 9,9 millones de personas que reciben esta prestación, Pedro Sánchez quita cerca de 500 euros a cada pensionista. Esto significa que en enero Sánchez elevará el gasto en pensiones cuatro décimas de déficit público, agravando la situación de las cuentas públicas en 2022.