Los minoritarios de Abengoa recurren la suspensión de la junta de accionistas
AbengoaShares se compromete a inyectar 30 millones directos a la empresa
Los minoritarios de Abengoa, agrupados en AbengoaShares, a través de su candidato a la presidencia, Clemente Fernández, han interpuesto un recurso de reposición contra la resolución por la que se suspende cautelarmente la Junta General Extraordinaria del 3 y 4 de marzo -como avanzó OKDIARIO- por considerarla contraria a derecho y vacía de contenido legal, así mismo, contraria a los intereses de los accionistas.
OKDIARIO explicaba que la jugada de Banco Santander en Abengoa (forzar el concurso de acreedores de la matriz para que el ICO acepte salvar a la filial buena, AbenewCo 1) tiene una segunda parte: el aplazamiento de la junta de accionistas convocada para el 4 de marzo, en la que los minoritarios pensaban nombrar nuevo presidente a Clemente Fernández para tumbar la refinanciación acordada en agosto, lo que implicaría el concurso de AbenewCo 1.
En concreto, los minoritarios liderados por Clemente Fernández explican a través de un comunicado que «la junta debe celebrarse con normalidad ya que no interfiere de ninguna manera en el proceso de concurso de acreedores, solicitado de forma voluntaria por el actual consejo».
Además señalan que, en dicha reunión, se quiere restablecer el número mínimo de tres consejeros, tal y como se recoge en los estatutos, irregularidad no cubierta desde la dimisión de Jordi Sarria el pasado 4 de enero y recuerdan que, una vez concursada, cualquier decisión de índole patrimonial, está supeditada a la aprobación del administrador concursal. El de Abengoa es el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española, con un pasivo 8.091,8 millones (entre financiero y no financiero) al cierre de 2019, por encima de los 7.000 del concurso de Martinsa Fadesa en 2008.
«La solicitud por parte del consejo presidio por Juan Pablo López-Bravo para suspender la celebración de la junta, se realizó cuando la mayoría de los accionistas ya habían emitido su voto, siendo el consejo plenamente consciente de que iba a ser cesado. Se han valido de la situación concursal para tratar de paralizar una junta que fue convocada mucho antes de presentarse la solicitud de concurso, e impedir así que se les cese de sus cargos, no por el bien de la compañía», explican los minoritarios.
Inyección de 30 millones de euros
Los minoritarios advierten que TerraMar Capital, fondo elegido por el consejo de Abengoa, interviene en procesos de bancarrota. El 100% de sus actuaciones han terminado en el despiece y posterior liquidación de las empresas en las que han intervenido. «Su forma de actuar, ‘stalking horse offer’, una forma de hacerse con los activos antes de que lleguen a subasta judicial. Los puestos de trabajo, y por tanto la empresa, corren peligro», señalan.
Por su parte, AbengoaShares se compromete a inyectar 30 millones directos a la empresa, y atraer fondos sinérgicos para Abengoa y su futuro, «tendiendo también la mano al Gobierno a que participe en la salvación de la compañía -de la cual es accionista con un 3%- y de sus puestos de trabajo a través de la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)».
Suspensión de la Junta
La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada de la solicitud de concurso voluntario de acreedores formalizada por la multinacional sevillana Abengoa tras no aceptar sus acreedores financieros extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración, ha declarado este viernes en concurso a la entidad de ingeniería. No obstante, no ha sido la única decisión que ha tomado la judicatura que también aprobó la suspensión de la junta de accionistas fijada para el 3 de marzo a instancia de los accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares.
En un auto de la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla determina que Abengoa ·conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque sometida en su ejercicio a la intervención de la administración concursal, cuya designación derivará «de la consulta previa y propuesta resultante por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al tratarse de una empresa cotizada en Bolsa.
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