Jeremy Corbyn, más riesgos que oportunidades para las grandes empresas españolas

Si el nuevo líder laborista, Jeremy Corbyn, llegara al poder, la política económica británica daría un giro de 180 grados que supondría una ruptura radical con las últimas décadas. La senda marcada por Margaret Thatcher, que fue continuada por los sucesivos primeros ministros tanto conservadores como laboristas, habría llegado a su punto final. Se abriría en Reino Unido una nueva era de socialismo duro que afectaría, entre otros, a los intereses de muchas grandes empresas españolas.

Un documental de Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación terminaba con una voz en off que de forma contundente afirmaba: “expropiación es democracia”. Corbyn parece mantener esta opinión, al menos en otros sectores económicos distintos al del periodismo. Su programa está plagado de ideas sobre la nacionalización de industrias, lo que afectaría de forma directa a varios grandes del Ibex-35.

El daño a las empresas que el plan de expropiaciones que pretende poner en marcha el líder laborista puede ser incluso mayor que el habitual en este tipo de acciones. Durante su campaña para las primarias, Corbyn ha planteado la «renacionalización sin compensación” de los activos estatales “vendidos baratos” por los conservadores. Esto significaría una confiscación pura y dura.

Con compensación o sin ella, Corbyn ya ha mencionado a varias empresas que están en su punto de mira nacionalizador. Y en algunas de ellas hay intereses de compañías españolas.

En el sector energético, Corbyn quiere poner bajo su control a las seis grandes compañías que operan en el país: British Gas, SSE. E.on UK, RWE, Npower, Scottish Power y EDF. La nacionalización de Scottish Power supondría un duro revés para Iberdrola, que es propietaria del total de su capital. La compra tuvo lugar en 2007, por medio de una operación valorada en 17.100 millones de euros. Npower, por su parte, es un importante cliente de la filial británica de Ferrovial, Amey. En 2014 firmaron un contrato, por 35 millones de libras, para la instalación y mantenimiento de contadores de gas y electricidad por parte de Amey para la compañía británica.

Ferrovial, muy expuesta a Corbyn

Los ferrocarriles también están en el punto de mira de Corbyn. Desde su privatización por el Gobierno de Thatcher, la nacionalización de este medio de transporte ha sido una reclamación de los sectores más radicales de la izquierda británica. El nuevo líder laborista ha hecho suya esta reclamación. Y, una vez más, Ferrovial podría verse afectada por esto a través de Amey. Esta filial británica ofrece servicios de revisión y evaluación de parte de la red de Network Rail, el principal gestor de infraestructuras ferroviarias en Reino Unido. Los contratos actuales, vigentes hasta 2019, están valorados en unos 40 millones de libras anuales.

Aunque no hay ninguna gran empresa española implicada de forma directa en la gestión actual de las infraestructuras ferroviarias, de tal modo que no pueden ser expropiadas, si hay varias que compiten por un jugoso contrato para la construcción de una línea de alta velocidad.

El proyecto en marcha se llama HS2, y unirá en una primera fase  Londres con Birmingham y en una segunda llegará a Manchester. El presupuesto total es de unos 44.000 millones de euros, y son varios los consorcios con presencia española que compiten con hacerse con una parte del pastel. Las grandes firmas de nuestro país que se postulan junto con socios de otros lugares son Acciona, ACS, FCC y Ferrovial.

Aunque por el momento no lo ha dicho de forma explícita, Ferrovial podría verse afectada por un Gobierno de Corbyn en otro sector importante. Aunque sólo se ha referido de forma concreta a los ferrocarriles, el ansia expropiadora del laborista se extiende al conjunto de las infraestructuras de transportes. Y esto puede incluir los aeropueros.

La compañía de Rafael del Pino tiene una fuerte presencia en este terreno. Su joya de la corona es el aeropuerto de Heathrow, uno de los tres de Londres. A través de la empresa propietaria de este aeródromo, Heathrow Airport, compró en diciembre del año pasado otros tres en consorcio con la australiana Macquarie. Con esa operación, se hizo con los aeropuertos de Aberdenn, Glasgow y Southampton.

Hay otros riesgos generales para todas las empresas que operan en Reino Unido, incluyendo los grandes grupos españoles. Uno de ellos sería una importante subida de los impuestos a las grandes empresas en general. Para sectores concretos sería incluso peor. Entre las propuestas laboristas de los últimos años, con Corbyn o sin él, está la implantación de nuevos gravámenes para la banca (algo negativo para los gigantes españoles como Santander o BBVA) o nuevas tasas para grandes inmuebles. Esto último afectaría a las cuentas de negocios tan dispares como Inditex y OHL.

Obra pública e inflación

Pero no todo serían malas noticias para las empresas españolas. Las habría que podrían hacer buenos negocios, incluyendo algunas de las que se verían perjudicadas por otras vías. Corbyn quiere poner en marcha lo que denomina una expansión cuantitativa (QE) “popular”. A diferencia de la QE tradicional, la inyección de dinero del Banco de Inglaterra no se utilizaría para comprar deuda pública. En lugar de eso, se adquirían bonos de un Banco Nacional de Inversiones (cuya creación es otra propuesta de Corby) para que esta entidad invirtiera en vivienda pública, transportes, energías renovables o tecnologías.

Gracias al Banco Nacional de Inversiones, las contratas públicas en sectores donde las grandes empresas españolas son potentes (con la excepción de la banca) serían muy importantes. Las posibilidades son muchas: instalaciones eólicas terrestres y marinas, autopistas, grandes edificios residenciales para venta y alquiler, etc. Eso sí, todo ello acompañado de un aumento del endeudamiento que afectará a las finanzas política.