El hachazo de Trump fuerza a Sánchez a sentarse a negociar con los fondos por los impagos a las renovables
La deuda de España con los fondos por los impagos a las renovables supera los 700 millones en EEUU y subiendo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha puesto su granito de arena para que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que sentarse a negociar con los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables. El escrito conocido este jueves, que el Solicitor General, un alto funcionario del Ministerio de Justicia norteamericano, ha enviado al Tribunal Supremo del país recomendando que rechace el argumento de España de que tiene inmunidad soberana y no se le puede forzar a pagar las indemnizaciones reclamadas, es un golpe demoledor para la estrategia judicial de Sánchez en este conflicto.
Si el Supremo acepta esa recomendación, algo que sucede en buena parte de las ocasiones, Sánchez sólo tiene una solución para evitar embargos milmillonarios. La solución que lleva años negándose a hacer, pese a la mano tendida de los fondos acreedores: aceptar la derrota y sentarse a negociar. Y el gobierno de Trump habría sido decisivo.
Porque los fondos acreedores de la deuda por los impagos a las renovables -que en conjunto supera ya los 2.300 millones de euros- siempre han ofrecido al Gobierno negociar una salida al conflicto que fuera aceptable para las dos partes -incluyendo la reinversión en el país de las indemnizaciones-.
Siempre se han negado y han optado por agotar todas las vías judiciales, todos los argumentos posibles para retrasar lo que los fondos consideran inevitable. Desde pedir una y otra vez la anulación de los arbitrajes en el Ciadi y recusar a los árbitros, hasta intentar hacer valer la inmunidad soberana en los tribunales ordinarios. «España va a pagar la deuda. La pregunta es cuánto tiempo se va a autoflagelar antes de pagar», aseguran los abogados de estos fondos.
Fuentes de las defensas de estos fondos dan por hecho que, si el Supremo sigue los argumentos del alto cargo del Ministerio de Justicia de Trump y tumba el argumento de la inmunidad soberana -como ya ha hecho el Supremo del Reino Unido-, será el momento en el que el Gobierno dé un giro de 180 grados y se vea obligado a negociar para reducir la factura a pagar por los impagos a las renovables.
Cuando el Supremo se pronuncie, calculan que antes de las vacaciones de verano, las opciones judiciales se habrán acabado para el Gobierno. La inmunidad soberana es la última, aseguran. Tampoco ha tenido éxito alegar que Bruselas no permite a España pagar esos arbitrajes porque se considerarían ayudas de Estado.
Los embargos, por tanto, están cada vez un poco más cerca. En Estados Unidos la deuda supera los 700 millones de euros, y a nivel global más de 2.300 millones. Los fondos ya han activado el proceso de embargo en países como Holanda, Reino Unido, Bélgica y el propio Estados Unidos -están en fase de requerimientos a empresas con negocios con organismos públicos españoles-.
En Bélgica, por ejemplo, España ha ofrecido depositar 250 millones para pagar estos laudos y frenar que los embargos por valor ya de más de 800 millones sigan subiendo. «Ese movimiento demostraría que España está dispuesta a negociar para reducir la factura de los impagos a las renovables. Pero todo estaba pendiente de lo que dijera el Gobierno Trump y ahora de lo que haga el Supremo de allí», explican fuentes de los fondos.
El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas del 25% a las inversiones en renovables. En 2011, con la crisis económica, decidió unilateralmente reducir las primas a la fotovoltaica.
Cuando llega al poder Mariano Rajoy en 2012, decide unilateralmente reducir las primas a todas las inversiones en renovables, lo que originó una avalancha de arbitrajes de los fondos inversores ante el Ciadi (Banco Mundial), que les dio mayoritariamente la razón.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió entonces no pagar esos arbitrajes alegando que no le dejaba Europa, lo que hizo que los fondos acudieran a tribunales ordinarios de países como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y otros. Ahora, estos tribunales ordinarios están dando sentencia tras sentencia la razón a los fondos acreedores, que han iniciado los embargos de bienes españoles en estos países.
Ahora, con el escrito del Solicitor General de Trump, sólo falta la sentencia del Supremo. Ese será el momento, según los fondos, en el que el Gobierno se siente a negociar para evitar varios miles de millones de embargos de bienes españoles.
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