El ‘Gobierno de la vivienda social’ promueve el desahucio de 17 familias en Fuenlabrada para quedarse los pisos vacíos
Los afectados por la Sareb están buscando poner una demanda colectiva
El Gobierno de Pedro Sánchez que siempre presume de promover la vivienda social ha iniciado nuevos movimientos con respecto a los inquilinos de pisos de la Sareb que viven con alquiler social. En esta ocasión, la intención del Ejecutivo es desahuciar a 17 familias que viven en un bloque de Fuenlabrada «con la intención de vaciar estas casas y que las viviendas pasen a formar parte de Casa 47», indican a OKDIARIO desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Normalmente, se trata de bloques de pisos que perdió el anterior dueño y que la Sareb compró, y que en un principio, tras la compra por parte de Sareb, se hicieron contratos de alquiler social a los inquilinos. Sin embargo, últimamente, por la crisis de la falta de vivienda que atraviesa el actual Gobierno, la Sareb ha endurecido sus métodos y ha iniciado estrategias muy agresivas contra los inquilinos de su alquiler social con el objetivo de echarlos y disponer de más vivienda asequible. «En enero de este año, la Sareb ha comenzado movimientos muy agresivos para intentar deshacerse de los inquilinos de sus edificios que se encuentran en alquiler social. Creemos que se debe a la creación de Casa 47, además de que el año que viene, en 2027, es cuando se tiene que disolver la Sareb», explican desde este sindicato.
«Lo que se le pide al Gobierno es que haga vivienda pública, y en lugar de eso lo que intenta es pasar las viviendas de la Sareb a Casa 47 o intentar vaciarlas a través del desahucio de los inquilinos para venderlas y de ahí sacar dinero para nuevos proyectos de VPO o de Casa 47», aseguran.
Pisos de la Sareb con cláusulas abusivas
«La gente que vive en casas de la Sareb con contratos de alquiler tienen cláusulas abusivas e ilegales. Lo que te proponen es que lo firmes o te vas a la calle. Ante la presión, la gente firma lo que le pongan porque no dan opción a negociar», aclaran.
«Estos contratos incluyen bonificaciones y en estos contratos la Sareb se acoge el derecho de rectificar, modificar o anular la bonificación sin previo aviso. Imagínate una persona que está cobrando de pensión 650 euros y le están cobrando de alquiler 300, si a esa persona le quitan la bonificación de repente pasaría a pagar 900 euros de alquiler. Y, por toda la documentación que se les ha entregado, saben que esa persona no lo va a poder pagar, es una forma de desahucio encubierto», defiende.
En consecuencia, por estas prácticas, desde el Sindicato de Inquilinas están buscando poner una demanda colectiva con los múltiples afectados por esta situación, tanto de casos de Madrid como a nivel nacional.
En el caso de Fuenlabrada, sólo se ha aprobado renovar 7 contratos de alquiler y al resto no, a pesar de que también son personas vulnerables. Hablamos con personas que tienen alguna discapacidad, que son víctimas de violencia de género, pensionistas y hogares monoparentales.
Con el objetivo de paralizar el desahucio en Fuenlabrada hay convocada una manifestación el 24 de mayo, y no descartan acciones ante el Ministerio de Vivienda. «El Gobierno reconoce que hay un problema de vivienda, lo reconoce abiertamente… pero no se está haciendo absolutamente nada», sentencian.
El desahucio de las familias que viven en pisos de la Sareb se notifica a través de burofax, en concreto, se les pide un montón de documentación probatoria a los afectados de sus circunstancias vulnerables. Después, «eso se queda en el limbo y te dicen que están estudiándolo y que ya te llegará el borrador del alquiler social. Pero en vez de llegar el borrador, en muchas ocasiones lo que te llega es un burofax del juzgado donde se indica el día y la hora para desalojar la vivienda», afirman.
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