El Gobierno reconoce que RTVE no debió aprobar las cuentas de 2025, como hicieron los cuatro consejeros del PP

El Gobierno confiesa -casi dos años después de que los cuatro consejeros del PP se negaran a firmar las cuentas de RTVE ya en 2024 y 2025- que el consejo de la cadena pública, controlado por los 11 miembros propuestos por Moncloa y los partidos políticos que les apoyan, no debió aprobar las cuentas de 2025 por no reflejar la realidad financiera de RTVE. Tarde, pero el Gobierno viene a dar la razón a los consejeros del PP.

Así lo señala el Ejecutivo en la exposición de motivos del real decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde asegura que aprueba esta norma para permitir a RTVE endosar a los Presupuestos Generales la deuda por el IVA que le reclama Hacienda, que ya roza los 1.000 millones de euros, y poder así aprobar las cuentas de 2025 dentro del plazo legal, que acaba el 30 de junio próximo.

En marzo pasado, el consejo de RTVE aprobó las cuentas de 2025 con el voto en contra de los cuatro consejeros del PP, que además tampoco las firmaron -como hicieron en 2024-. El motivo es que la cúpula de la cadena pública se ha negado durante años a provisionar el posible coste de la reclamación de Hacienda por el IVA. RTVE considera que va a ganar el juicio y, por tanto, se apunta como deuda de Hacienda el coste de este conflicto.

Se trata, a efectos contables, de una barbaridad, opinan los consejeros del PP y también el ICAC, la patronal de los auditores, que obliga a apuntarse como provisión, es decir, como gasto, y no como deuda, es decir, ingreso, cualquier proceso judicial con Hacienda.

Apuntarse como gasto el coste de esta reclamación de Hacienda supondría que RTVE estaría en causa de disolución, en quiebra, ya que el coste acumulado para la cadena pública —el proceso dura desde hace una década— roza los 1.000 millones de euros, según el auditor E&Y —que ha procedido cada año a aprobar las cuentas pese a este quebranto—.

Apuntarse como ingreso esta reclamación ha supuesto que RTVE haya presentado unas cuentas de 2025 con superávit de 55,6 millones de euros -después de recibir una compensación extra de la SEPI de 63 millones-.

El Gobierno se ha apresurado a aprobar deprisa y corriendo y por la vía de urgencia este real decreto el martes 16 de junio, a escasas dos semanas de que el accionista único de RTVE, la SEPI, tenga que dar su visto bueno a esas cuentas aprobadas en el consejo de la cadena pública en marzo.

Pero la SEPI siempre ha defendido a RTVE y ha aprobado las cuentas de la cadena pública pese a que ya las de 2024 no fueron firmadas por los consejeros del PP. Y en el decreto, el Ejecutivo lo justifica por una sentencia contra Telemadrid similar a la que está esperando RTVE, pero esta sentencia es de finales de abril. Moncloa no se ha movilizado hasta el 16 de junio, a sólo dos semanas de que acabe el plazo legal para que la SEPI apruebe las cuentas.

Tan deprisa ha tenido que reaccionar Moncloa que en el decreto ley no se responden a algunas dudas. Habla sólo de las cuentas de 2025, que RTVE tendrá que reformular para añadir que lo del IVA lo paga la Administración central, pero no de las de 2024 ni las de años anteriores, que también se aprobaron dopadas con el IVA de Hacienda.

Tampoco aclara qué pasa con el resto de las cadenas públicas que están afectadas por esta misma reclamación de Hacienda. Todas las autonómicas están también a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este asunto clave.

El origen de este conflicto es de hace una década, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reducir la deducción por IVA de las televisiones públicas. Cada año, Hacienda reclama esos pagos a RTVE, que los abona, e inmediatamente presenta un recurso. Mientras la justicia decide quién tiene razón, si Hacienda o las televisiones públicas, RTVE contabiliza esos pagos como deudas de Hacienda con ellos, ante las quejas de los consejeros del PP. Ahora, el Gobierno confiesa que éstos tenían razón y que hay que reformular las cuentas para que la deuda la pague la Administración central.