El Gobierno reclama 20.000 euros del ingreso mínimo a una discapacitada en situación vulnerable

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 03/05/2026 05:45
  • Actualizado: 03/05/2026 05:45

Recibió el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 sin pedirlo, de oficio, porque tenía un menor a su cargo, está diagnosticada oficialmente con una discapacidad intelectual y física de casi el 50%, tiene el certificado oficial de estar en situación de vulnerabilidad… y el Gobierno le reclama casi 20.000 euros, más intereses -que van subiendo cada día- porque, tras las revisiones, incumple algunas condiciones exigidas para cobrar el ingreso mínimo.

«No entiendo nada de lo que me piden. He solicitado ayuda a un abogado de oficio para defenderme, y no puedo devolver la deuda porque no tengo dinero. No sé por qué me dieron el ingreso mínimo si no lo pedí y no entiendo que me reclamen 20.000 euros que no puedo pagar. Estoy viviendo un calvario», asegura esta afectada de Córdoba, que prefiere mantener el anonimato.

Oficialmente, la Seguridad Social le reclama la devolución de esas cantidades cobradas irregularmente no porque haya tenido otros ingresos que superen el mínimo exigido para cobrar la ayuda. En la carta que envía a esta afectada reclamando esa cantidad, la Seguridad Social admite que los ingresos de esta unidad familiar al margen del ingreso mínimo fueron cero euros.

Pero el organismo que preside Elma Saiz justifica la reclamación de esas cantidades cobradas indebidamente en 2021, 2022 y 2023 en que cambió la unidad familiar, al ya no estar el menor en la vivienda, y en que incumplió la condición de tener la misma unidad familiar desde seis meses antes de la recepción de la ayuda -cambió porque una hermana también discapacitada se sumó a la unidad de convivencia-.

En definitiva, esta afectada ha incumplido la condición de la unidad de convivencia según la Seguridad Social y por lo tanto no cumple con los requisitos que marca la ley. «Pero el problema es que esta persona no comprende lo que sucede y desde la Administración no se tiene en cuenta.
No estamos ante un caso individual aislado, sino ante una situación de doble vulnerabilidad que hace aún más incomprensible la actuación de la Administración», señalan desde la Asociación de Afectados por los cobros indebidos del ingreso mínimo.

«El ingreso mínimo nació para ser una ayuda a las personas vulnerables y se ha convertido en esto. Están haciendo sufrir a miles de ciudadanos», insisten desde esta asociación, que ha denunciado a España ante el Consejo Europeo con la ayuda de la organización ATD Cuarto Mundo.

En estos momentos, estas dos personas vulnerables viven con la ayuda de una pensión mínima y del propio ingreso mínimo vital, que han vuelto a solicitar y se les ha concedido. «Entre todo no llegamos al mínimo de ingresos que pide el Gobierno», señala la afectada. «La deuda no la estoy pagando porque no tenemos dinero, no puedo pagarla. O comemos y pagamos las facturas habituales o pagamos la deuda», explica.

«Ahora hemos pedido un abogado de oficio para que me ayude porque me han dicho que hay jueces que están sentenciando a favor de los afectados», señala. En efecto, numerosas sentencias están dando la razón a los afectados y evitan que el Gobierno siga reclamando esa deuda a personas vulnerables.

Este caso es sólo uno más de los miles que hay en España, que están sufriendo reclamaciones similares -por errores de la Administración en muchos casos-, generando deudas a familias sin recursos. Esas deudas las heredan los hijos si no se pagan. El Gobierno admitió en 2023 que las reclamaciones alcanzaban los 500 millones de euros.

Los afectados han denunciado al Gobierno en Bruselas, en el Consejo Europeo, por vulnerar la Carta Social Europea. La denuncia está bajo investigación en estos momentos. Además, el Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que modifique las normas para que no se reclame el ingreso mínimo a personas que quedan en situación de vulnerabilidad o si el origen de la reclamación se debe a un error de la Administración. Lo solicitado por el Defensor del Pueblo no ha sido atendido por el Ejecutivo.