El Gobierno establece penas de hasta 6 años de cárcel para los empresarios que incumplan la ley laboral

Podemos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para modificar el artículo 311 para potenciar los derechos de los trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes, con elevación de penas de cárcel para empresarios que incurran en estos supuestos con vistas a reforzar los derechos de los trabajadores. Según reza el texto, la se impondrá «a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa». Las penas de cárcel que se establecen van desde los seis meses hasta los seis años de prisión, y multa de seis a doce meses para los empresarios que incumplan de forma reiterada la legislación en materia laboral.

Asimismo, el Gobierno de coalición ha pactado modificar su iniciativa conjunta de reformar el delito de desórdenes públicos con el fin de que el nuevo artículo 557 bis del Código Penal no sirva de excusa para perseguir la protesta social, remarcando que solo se aplicará en el caso de que concurra violencia e intimidación.

En cuanto a la protesta social, Asens ha subrayado que el artículo 557 bis fue aprobado por el PP en 2015, con el voto en contra de su formación y el PSOE, y que en la práctica era una puerta abierta para ir contra la «protesta pacífica». De esta forma, ha explicado que aunque aspiran a derogar esta disposición, han conseguido ya consensuar con su socio un retoque del texto para «no perseguir acciones de protesta sin violencia e intimidación». Y es que ahora genéricamente se alude, dentro del tipo sobre infracciones por alteración de la convivencia pública, a penas de un año a seis cuando se altere la convivencia pública en manifestaciones o reuniones.

Por otro lado, Echenique ha explicado que se ha avanzado para proteger el «derecho constitucional a la protesta pacífica» y que el nuevo delito de desórdenes público no limite el ejercicio de la manifestación y movilización. Mientras, Asens ha explicado que se elevan penas para empresarios que de forma sistemática incumplen la legislación laboral y evitar que, como a su juicio ocurre ahora, se vayan de «rositas» dado que les «compensa pagar la multa que cumplir la legalidad».