El Gobierno se encomienda a Trump para frenar embargos a la Selección por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 18/05/2026 05:45
  • Actualizado: 18/05/2026 05:45

El Gobierno de Pedro Sánchez, enfrentado a Donald Trump por la guerra de Irán y por otras cuestiones como el incremento del gasto de Defensa, se ha encomendado al Ejecutivo norteamericano para frenar los embargos de bienes españoles en Estados Unidos, que han iniciado ya los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables. La deuda acumulada ya por España por sentencias judiciales en este país suma 729 millones de euros, tras sufrir esta semana otra resolución más en contra de 41 millones.

Los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables de Sánchez han iniciado ya, con el apoyo de los jueces, el proceso para embargar bienes españoles, centrándose en estos momentos en la participación de España en el Mundial de fútbol de este verano. Han mandado requerimientos judiciales para identificar pagos e ingresos de la Selección y de la Real Federación Española de Fútbol. No descartan incluso embargar los aviones del Estado que están al servicio del Rey y del presidente del Gobierno, si dichos aparatos aterrizan en EEUU.

Para frenar ese proceso, la estrategia de defensa de Sánchez en los tribunales norteamericanos pasa primero por defender que la Federación no es un organismo público. Y, segundo, y según un escrito presentado por España este 12 de mayo en el marco del caso del fondo RREEF -88 millones de deuda-, pedir al juez que frene esos embargos hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la inmunidad soberana de España -impediría pagar las indemnizaciones-.

Antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo, es clave un informe sobre el fondo de la cuestión del Solicitor General, una figura que no existe en España pero que es un alto funcionario del Departamento de Justicia del Gobierno de Trump. Los fondos esperan que ese informe del Solicitor General se emita el próximo jueves, 21 de mayo.

Con ese informe, el Tribunal Supremo tomará una decisión sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si España tiene inmunidad soberana y, por tanto, no debe pagar esas indemnizaciones pese a perder los arbitrajes y los juicios ordinarios en los juzgados de Estados Unidos, o si carece de esa inmunidad soberana.

La decisión podría producirse antes del verano, según los fondos, o ya pasado agosto, hacia octubre. Si el Supremo niega que España tenga esa inmunidad soberana, como ha hecho ya el Supremo de Reino Unido, los fondos ya tendrán vía libre total para identificar, embargar y quedarse con bienes de España en Estados Unidos por valor, de momento, de 729 millones de euros.

Fuentes de los fondos acreedores, que suman ya una deuda conjunta de 2.300 millones de euros, se han mostrado partidarios de un acercamiento con el Gobierno para iniciar una negociación que sea buena para las dos partes. Pero, de momento, el Gobierno ha dado portazo y sólo ha abonado un laudo a una empresa japonesa, por ser de fuera de la UE.

El resultado del Tribunal Supremo será clave, aseguran estas fuentes. Si es favorable a los fondos, estiman que será en ese momento cuando el Gobierno de Sánchez haga algún movimiento para acabar con el conflicto de los impagos a las renovables, que está dañando la imagen exterior de España. «Tardará más o menos, pero la deuda la vamos a cobrar. La pregunta es cuánto daño se va a autoinfligir España antes de pagar», se preguntan estas fuentes.

El origen de los impagos a las renovables es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Ante la grave crisis económica posterior, Zapatero decidió unilateralmente bajar esas primas para las inversiones fotovoltaicas, lo que originó ya el primer arbitraje en noviembre de 2011.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y ante la grave crisis económica que heredó, aprobó también unilateralmente la rebaja de las primas a todas las inversiones en renovables. A partir de ahí, los fondos acudieron en masa a los tribunales de arbitraje, que les dieron la razón en la mayoría de los casos.

Fue entonces cuando el Gobierno de Sánchez decidió no cumplir los laudos arbitrales y no pagar esas indemnizaciones, lo que llevó a los fondos internacionales a acudir a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos para reclamar esas indemnizaciones.

Estos tribunales están sentenciando a favor de los fondos y en contra de España, y en algunos casos ya han llegado al punto de autorizar embargos de bienes españoles, como la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Utrech (Países Bajos), que será subastada en los próximos meses.