El Gobierno deroga este viernes la fórmula de revalorización de las pensiones del PP

De acuerdo con el borrador del decreto ley, las pensiones subirán a comienzos de cada año de acuerdo a la variación media prevista del IPC teniendo en cuenta las inflaciones anuales de cada uno de los meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en que se aplica la revalorización.

Si a final de año ese valor medio resulta ser mayor al aplicado se abonará la diferencia en un pago único antes del 1 de abril del ejercicio posterior.

De esta forma se acaba con parte de la reforma de las pensiones que el PP acometió unilateralmente en 2013 al desvincular su revalorización del IPC y ligarla a la situación financiera del sistema, garantizando solo una subida mínima anual del 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit.

No obstante, el decreto ley nada dice del factor de sostenibilidad, que sirve para ajustar a la baja la pensión inicial conforme suba la esperanza de vida y que entrará en vigor en 2023.

La fórmula de revalorización varía respecto a la que se aplicaba antes de 2013, ya que entonces se utilizaba la tasa anual del IPC de noviembre para calcular la desviación, mientras que ahora se usará la media de las tasas anuales entre diciembre del año anterior y noviembre del año presupuestado.

En virtud de este nuevo cálculo la subida para 2018 es finalmente del 1,7%, una décima más de lo recogido en los Presupuestos de este año.

Esa compensación del 0,1%, que tendrá un coste aproximado de unos 128 millones de euros para la Seguridad Social, se abonará en una única paga a ingresar antes del 1 de abril de 2019.

En la exposición de motivos del borrador se explica que la vuelta al IPC como método de revalorización de las pensiones se hace en respuesta a las demandas de los pensionistas, «movilizados» ante la perspectiva de que su poder adquisitivo siguiera reduciéndose año tras años «sin posibilidad alguna de recuperación».

Para financiar las mejoras en estas prestaciones, el borrador autoriza un préstamo de 1.333,9 millones de euros del Estado a la Seguridad Social.

De acuerdo con el borrador, la pensión máxima en 2019 será de 2.659,41 euros mensuales o 37.231,74 euros anuales.

La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más años con cónyuge a su cargo será en 2019 de 836,2 euros mensuales, mientras que para beneficiarios menores de 65 años será de 783,6 euros.

Si la persona jubilada tiene 65 o más años y carece de cónyuge recibirá una pensión mínima de 677,4 euros y, si no ha cumplido esa edad, cobrará 633,7 euros.

Para los mayores de 65 con cónyuge que no esté a su cargo la cuantía mínima es de 642,9 euros mensuales y de 599 euros para los menores de esa edad.

En los supuestos de gran invalidez, para mayores de 65 la prestación mínima será de 1.253,7 euros con cónyuge a cargo y de 964,4 euros para los que no lo tengan a su cargo.

Para los que no tienen cónyuge y se consideran como unidad económica unipersonal esa pensión mínima será de 1.016,1 euros.

En lo que se refiere a viudedad, quienes tengan cargas familiares cobrarán 783,6 euros al mes; los de 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 %, 677,4 euros; entre 60 y 64 años, 633,7 euros; y con menos de 60 años 513,1 euros.