El Gobierno admite en privado que sus medidas sólo reducirán un punto el IPC

La subida de la tasa de inflación, que se ha disparado un 9,8% en el mes de marzo, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha encendido las alarmas en el Palacio de La Moncloa. El Gobierno ha entrado en pánico ante unas cifras que no se preveían y que ponen en jaque la recta final de la legislatura, ya que Moncloa contaba con usar la recuperación económica como caladero de votos y las cifras de este indicador ya han provocado que las primeras casas de estudio corrijan el crecimiento de la economía. Aunque fuentes gubernamentales sitúan esa mitigación en apenas un punto.

Mientras en el Gobierno continúa culpando a la guerra entre Rusia y Ucrania de todos sus males. Este miércoles ya achacaban, mediante un comunicado del Ministerio de Economía y Transformación Digital, que un 73% de esa subida de los precios se debía al impacto de la invasión de Ucrania. En el Ejecutivo confían con que el plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania, que aprobó este martes el Consejo de Ministros, mitigue ligeramente los efectos de esta subida de la inflación.

Moncloa pondrá en circulación 16.000 millones de euros de las arcas para contener en los próximos tres meses el aumento de la tasa de inflación, en medidas subvencionadas directamente, como la rebaja de 20 céntimos del precio de los carburantes, y líneas de créditos ICO, automáticas para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores por el grave impacto que han sufrido por el alza de los precios de los combustibles. Una inyección de dinero para blindar el ritmo de crecimiento.

A diferencia de otras ocasiones, en las que la vicepresidenta Nadia Calviño ha defendido una posición más ortodoxa, esta vez es la principal defensora de este despliegue de medidas urgentes para frenar la subida de la inflación que podría superar los dos dígitos en el cuarto trimestre.

Aunque la titular de Economía ya se ha encargado de que las decisiones adoptadas fuesen directamente a eso, a frenar la subida. Es decir, ha evitado que Unidas Podemos pudiera desplegar todo su escudo social como inicialmente habían planteado. Un ejemplo de la imposición de la vicepresidenta primera se visualiza en la prohibición del despido. Yolanda Díaz quería que fuese aplicable a todas las empresas y Calviño impuso sus tesis en que sólo afectase a las que reciben dinero público.

«Un mal dato»

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 3% en marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos, hasta el 9,8%, su valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985. Esto se debe a las subidas «generalizadas» en la mayoría de sus componentes, entre las que destacan el repunte de los precios de la electricidad, los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas y los carburantes.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya verbalizó los temores que en privado admiten sin rubor en La Moncloa al reconocer que  el nivel de los precios «es un mal dato». Sánchez se encomienda al plan de choque presentado este martes y a la limitación de los precios de la energía, con la excepción ibérica que le autorizó el Consejo Europeo -y que deberá evaluar la Comisión Europea- para estabilizar los precios. Y descarta, como la vicepresidenta económica, una bajada de impuestos como prometió en la Conferencia de Presidentes de La Palma: «Ese escenario no se contempla», aseguraban fuentes del entorno presidencial este miércoles.

Lo que sí se contempla, aseguraron, es una prolongación de las ayudas más allá del 30 de junio si los precios siguen disparados. Básicamente, para que la situación no se lo lleve por delante. Aunque sea a cuenta de hipotecar de disparar aún más la deuda pública.