Función Pública e IGAE se mudan de María de Molina por el mal estado de su sede

Función Pública e IGAE (Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos) dejarán a lo largo del próximo año su sede en la madrileña calle María de Molina número 50 debido al mal estado del edificio. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el Ejecutivo ya busca nuevas alternativas, y suenan con fuerza la calle Luchana para los trabajadores de Función Pública y la calle Mateo Inurria para la IGAE.

“El edificio de María de Molina necesita una reforma profunda”, explican empleados públicos que trabajan en esta sede, en la que comparten edificio Función Pública (planta de 1 a 9) y IGAE (planta de 10 a 19). En total, en el edificio trabajan cerca de 1.000 empleados públicos.

Pero lo que más preocupa es el CPD (Centro de Protección de Datos), es decir, toda la informática (ordenadores grandes, comunicaciones, etc.). “Las personas se mueven con facilidad, pero no la maquinaria, ya que hay que recordar que hay que seguir dando servicio a todos los usuarios”, explican fuentes conocedoras, que reconocen, además, que “mover un centro de proceso de datos es muy costoso”.

El cambio se producirá, según fuentes conocedoras, una vez queden cerrados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, que ya están en la ‘cocina’. Como avanzó este lunes OKDIARIO, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene prisa por tener todo listo para empezar a negociar de cara a cerrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018. Fuentes del Gobierno han asegurado este digital que “es el año que más prisa tienen”.

Y es que Rajoy quiere tener todas las previsiones ministeriales cuanto antes para poder empezar a negociar y, de este modo, matar dos pájaros de un tiro: tener con antelación los Presupuestos y dar vía libre cuanto antes a los 1.000 trabajadores del edificio de María de Molina, 50, para que comiencen con su mudanza.

El Gobierno Central ya ha dado la orden a todos los ministerios para que abran las aplicaciones informáticas en las que se introducen los Presupuestos de los años pasados –ya cerrados- y se abren los de 2018. A través de estas aplicaciones, cada ministerio introduce sus previsiones (es decir, lo que estiman que necesitarán para 2018), y luego es el Gobierno quien ajusta las cifras según lo que negocien.

“Este es el año que más pronto lo abren desde 2015, pero eso no es lo destacable, sino las prisas que nos están metiendo para que metamos toda la información”, señalan desde uno de los ministerios, que reconoce que “no es normal” que el año pasado en septiembre estuviesen “tan tranquilos” y que ahora, desde “hace ya dos semanas”, estén metiendo prisa a los ministerios para tener todo listo mucho antes del 30 de septiembre, fecha en la que ya se tienen que tener listos los PGE 2018.

Entre todos los asuntos a negociar están temas tan conflictivos como la gestión de las cárceles. Por el momento, Cataluña es la única Comunidad que tiene asumida esa competencia, y el Gobierno vasco, con el PNV al frente, la ha reclamado históricamente. Será una de las ‘patatas calientes’, pero no la única. La rebaja fiscal de 2.000 millones exigida por Ciudadanos, una nueva oferta de empleo público y la mejora de las carreteras e infraestructuras serán algunos de los asuntos de mayor candencia a la hora de negociar.