Fracasa la solución Guindos de Popular: intervenir, activos sanos para Bankia y ladrillo a la Sareb

El Gobierno español ofreció a las autoridades europeas una solución para la crisis de Banco Popular tras el requerimiento realizado por el Banco Central Europeo (BCE) la pasada semana al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que tomara cartas en el asunto y evitara la sangría bursátil de la entidad financiera que preside Emilio Saracho. La propuesta incluía la intervención de Popular y su entrega a Bankia. Sin embargo la Comisión Europea y el BCE han preferido que la entidad que reestructure Popular sea Banco Santander.

Según han confirmado fuentes cercanas al Popular, el ministro volvió a ofrecer a la institución monetaria que fuera Bankia quien salvara a la entidad, pero en esta ocasión no solicitó realizar una fusión ­–una opción a la que ya se había opuesto el BCE– sino traspasar todos los activos no problemáticos al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri tras una eventual intervención de Popular por parte del Mecanismo Único de Resolución (MUR) que facilitaría la salida de Saracho.

El MUR es un organismo comunitario creado para rescatar entidades financieras en apuros que ha debutado con la intervención de Banca Monte dei Paschi di Siena, con un plan pactado con el Gobierno italiano y que combina la inyección de dinero público con la imposición de pérdidas a accionistas y bonistas.

Esta  “recapitalización preventiva” es una excepción a la normativa comunitaria creada por Bruselas para saltarse la nueva obligación que implica no destinar dinero público al rescate de entidades financieras mediante un proceso de bail in. Se trata de una puerta trasera que permite inyectar ayudas públicas a un banco si cumple unos determinados criterios.

En el caso de España la propuesta del Gobierno se completaba con la transmisión de los activos inmobiliarios problemáticos a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo: Sareb. Esta sociedad es un banco malo que aglutina los activos tóxicos del ladrillo que han salido del balance de las entidades financieras españolas tras el estallido de la burbuja crediticia que se produjo en 2008.

La oferta del departamento ministerial que dirige De Guindos contemplaba, ademá,s la participación del sector privado, ya que no todos los más de 36.000 millones de euros en activos que están bajo la lupa de los reguladores son problemáticos.

“En este escenario el objetivo era que entraran fondos extranjeros y sociedades de inversión inmobiliaria españolas que pudieran estar interesadas en adquirir algunos de los activos inmobiliarios que tienen valor”, explican las fuentes consultadas.