Los fondos ya pueden embargar bienes de España en Reino Unido por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 09/03/2026 05:45
  • Actualizado: 09/03/2026 05:45

Los impagos a las renovables, estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de no pagar los arbitrajes internacionales perdidos con los fondos acreedores por los recortes a las renovables, está a un paso de que numerosos bienes de España en el extranjero sean embargados y pasen a manos de estos fondos.

Los impagos a las renovables han acabado llevando al Ejecutivo de Sánchez a una derrota tras otra en los tribunales ordinarios de Reino Unido, Estados Unidos y Australia, poniendo en riesgo bienes de España en estos países por valor de más de 2.000 millones de euros. Y subiendo.

Las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido, contraria a aceptar la inmunidad soberana de España para que no tenga que pagar las sentencias en contra de los tribunales de Reino Unido, son claras y graves para España porque supone un cambio decisivo en la situación procesal de los embargos que estaban en curso contra bienes del Estado español en este país.

Hasta ahora, las medidas adoptadas ya por los tribunales británicos en contra de España y a favor de los fondos acreedores por los impagos a las renovables se encontraban unstayed, es decir, en una situación cautelar o provisional, pendientes de que el Supremo resolviese definitivamente la cuestión de fondo relativa a la inmunidad soberana.

Con el pronunciamiento del Alto Tribunal, esas medidas pasan a estar stayed en sentido firme, lo que implica que dejan de ser provisionales y se consolidan jurídicamente. En términos prácticos, el obstáculo principal para ejecutar los laudos desaparece.

A partir de este momento, el proceso entra en una fase esencialmente operativa y formal. Los acreedores pueden activar los procedimientos necesarios para identificar, reclamar y ejecutar bienes comerciales pertenecientes a España en la jurisdicción británica.

Esto incluye solicitar a los tribunales la transferencia efectiva de dichos activos -inmuebles u otros bienes susceptibles de ejecución- para satisfacer las indemnizaciones pendientes por los impagos a las renovables. Lo que queda es completar los trámites para que los activos embargados pasen a manos de los acreedores o se liquiden para cubrir las cantidades adeudadas.

Uno de los activos bajo presión es el edificio del Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres. El inmueble, situado en Portobello Road (Kensington) y valorado en millones de euros, pertenece al Estado español y puede ser objeto de embargo si España continúa sin pagar el laudo arbitral. Con anterioridad, la magistratura británica había autorizado ya la exploración de un embargo cautelar del inmueble que ahora podría ser definitivo, en caso de que España persista en los impagos.

Este es uno de los activos en la lista de los embargos. El volumen total de la deuda derivada de los impagos a las renovables asciende aproximadamente a 1.750 millones de euros, una cifra que continúa creciendo por la acumulación de intereses. En muchos de estos procedimientos, los tribunales aplican tipos de interés cercanos al 8% anual, lo que implica que el pasivo se incrementa de forma significativa con el paso del tiempo.

Si se aplica ese tipo de interés al montante total pendiente, el coste financiero adicional ronda los 150 millones de euros al año. Esto supone un aumento muy sustancial de los intereses de demora que se generan mientras España mantiene su estrategia.

El origen de este conflicto data de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para afrontar la grave crisis económica que heredó, decidió unilateralmente rebajar las primas al 7%.

Los inversores acudieron entonces en masa a los tribunales de arbitraje para reclamar indemnizaciones por el cambio, que les dieron la razón en la mayoría de los casos. El Gobierno de Sánchez heredó esta situación y decidió no pagar esos arbitrajes, con el apoyo de Bruselas. Los fondos acudieron entonces a los tribunales ordinarios de países como Reino Unido o Estados Unidos, que les están dando la razón.

La última jugada del Gobierno español era invocar a la inmunidad soberana para impedir que los tribunales de estos países obligaran a España a pagar las indemnizaciones. Pero el Tribunal Supremo de Reino Unido ha sido el primero en tumbar esta última estrategia. Está pendiente una resolución similar del Supremo de Estados Unidos.