La factura de iDental: más de 100.000 afectados con tratamientos sin acabar y deudas con la banca

Las clínicas iDental llevan meses copando la prensa nacional. La reina del low cost odontológico echó el cierre sin previo aviso en todas las ciudades donde estaba presente -Madrid, Santander, Málaga, Zaragoza, Granada, Gran Canaria, entre otras- y ha dejado una amplia factura: más de 100.000 pacientes afectados en todo el territorio nacional, pagos pendientes de nóminas de sus trabajadores, tratamientos inacabados y deudas de los clientes con las entidades financieras.

“Es la mayor estafa y masacre sanitaria que ha sufrido España en las últimas décadas”. Así lo bautiza el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por iDental (Adafi), Francisco Camacho. Según las estimaciones de la organización, más de 170.000 personas continúan con expedientes abiertos desde el cierre definitivo de las clínicas: muchos pacientes están sin dientes, otros con implantes mal colocados o que perforan sus encías.

“Me quitaron todos mis dientes, me enseñaban las prótesis que me iban a poner con las manos. Ahora, llevo ocho meses sin dientes y apenas puedo hablar”, cuenta una afectada a este medio entre lágrimas. “Los médicos de muchas asociaciones nos están pidiendo que nos hagamos las pruebas de hepatitis y VIH porque el material no estaba esterilizado”, explica. Manuela (nombre ficticio) ha tenido que pedir un crédito a siete años para pagar 1.400 euros a un perito y poder denunciar a iDental.

De Sanidad a Fiscalía

Para darle voz a Manuela y a los miles de afectados, cientos de personas se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Sanidad para reclamar al Gobierno su implicación. Desde Adafi apuntan que las administraciones públicas no han atendido sus demandas y barajan llevar el caso a la Audiencia Nacional «para que se haga justicia» además de la posibilidad de denunciar a las consejerías de Sanidad de las CCAA por «hacer caso omiso a la situación de los afectados».

El Ministerio de Sanidad remitirá a la Fiscalía General del Estado toda la documentación recabada sobre el cierre de las clínicas iDental, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que estudie si hay ilícito penal. 

La ministra Carmen Montón está buscando soluciones coordinadas con las comunidades autónomas y las plataformas de afectados para resolver el problema, además de asegurar que ha solicitado a las entidades financieras que se anulen los créditos concedidos.

Denuncias colectivas

Hace más de seis meses, el despacho de abogados Themis de Valencia acumulaba quince denuncias a la cadena de clínicas por ‘mala praxis’ y fraude. La lista iba aumentando a medida que pasaban los meses: era sólo el prólogo de la crónica de una muerte anunciada. A día de hoy, AFECADE (Plataforma de Afectados por las Clínicas Dentales) y ASUFIN (Asociación
de Usuarios Financieros), han presentado ocho denuncias colectivas, que agrupan a más de 150 afectados, contra iDental en varias ciudades españolas.

Ambas asociaciones tienen como objetivo que la Policía consiga entrar en las sedes que permanecen cerradas para recuperar los historiales médicos de los afectados que recogen las intervenciones que se han hecho a los pacientes «y que así puedan continuar con sus tratamientos» de forma urgente, apunta Ángela de Miguel, abogada de AFECADE.

No es la única meta. La pesadilla no termina con poner fin a los tratamientos, también a las deudas que mantienen los pacientes con las entidades financieras. Los bancos sabe que «no pueden seguir cobrando estos créditos vinculados y, sin embargo, siguen cargando los recibos. Una vez más nos obligan a judicializar asuntos que deberían resolverse de mutuo acuerdo” señala Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

Impago a los trabajadores

Los efectos colaterales del cierre de iDental también pasan por sus ya exempleados. «Les deben dos meses, ellos también se sienten también estafados», indica Camacho. Aunque, para los pacientes ellos también son parte del problema y «culpables directos porque por no perder un trabajo han cometido barbaridades que tendrán que llevar a cuesta toda su carrera profesional».

El presidente de Adafi acusa a los trabajadores de no tener experiencia y haber expuesto a los clientes a esta situación «en condiciones de falta de materiales y en clínicas masificadas en las cuales no daba tiempo de esterilizar adecuadamente los instrumentales quirúrgicos, ni tenían suficientes auto claves de desinfección. Ahora están sin cobrar, con el expediente manchado por trabajar en Idental y con denuncias incluso penales a las que se tendrán que defender», cuenta.

Las subvenciones: el anzuelo

El modus operandi era siempre el mismo. El primer paso: que los clientes picaran el anzuelo con un reclamo inmejorable. Tratamientos un 60% más baratos, “grandes profesionales”, una cartera de 300.000 pacientes y la “mejor financiación” para todos los bolsillos.

Una vez en la clínica, realizaban un estudio y un presupuesto que se podía cubrir con «subvenciones» de entre un 50 y 90% dependiendo de la situación económica y familiar del paciente. Para acceder al crédito, se necesitaba un contrato laboral. Si no existía, se inventaban los datos, cuentan los pacientes.

A partir de este momento, comenzaba la pesadilla: cancelación de citas, profesionales sin experiencia, tratamientos inacabados, tiempos de espera muy largos y un control «inadecuado» del paciente. Esto ha desembocado, en muchos casos, en problemas psicológicos, emocionales e incluso trastornos alimentarios por no poder ingerir comida.

«Estamos en una situación de extrema necesidad ante las lesiones provocadas, la paralización de los tratamientos, el bloqueo de las financieras… Estamos en una situación de vulnerabilidad y con una economía familiar preocupante. Hemos sido objeto de la mercantilización de la odontología», concluyen.