Los españoles pagan 9.400 millones de más en el recibo de la luz pero el Gobierno se niega a bajarlo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 04/04/2024 06:42
  • Actualizado: 04/04/2024 11:57

El sistema eléctrico español tuvo un superávit de 3.177,8 millones en 2023 y de 6.190 millones en 2022, lo que significa que los consumidores han pagado 9.367 millones de más en el recibo de la luz en los dos últimos años. Principalmente, en el concepto de «costes fijos» del sistema, que se pagan aunque no se encienda la luz. Una cantidad enorme que podría utilizarse para rebajar la factura de este año, pero el Gobierno no está por la labor, según fuentes conocedoras de la situación.

Se supone que la CNMC (comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) hace un presupuesto de los costes y los ingresos anuales del sistema para que salga equilibrado, y que luego en la práctica arroje un pequeño déficit o superávit. En el primer caso, se pasa un suplemento en el recibo (ha ocurrido en algunos años); y en el segundo, se guarda ese dinero para cubrir posibles déficits futuros.

Pero en los dos últimos años el fallo en los cálculos ha sido enorme (aunque la cifra de 2023 todavía está pendiente la liquidación definitiva), con lo que el superávit es mucho mayor de lo que haría falta para cubrir posibles déficits futuros. Y, por tanto, podría utilizarse para rebajar ese concepto del recibo a partir de este año. Una decisión que es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.

¿Qué son los costes y cómo se pagan?

Estos costes inicialmente servían para pagar los elementos necesarios para tener electricidad en los hogares y empresas, como las redes eléctricas, otros elementos técnicos -interrumpibilidad, pagos por capacidad, etc.- y el coste de instituciones como el operador del mercado (OMIE), el operador del sistema (Red Eléctrica) y el regulador (la citada CNMC).

Pero después se fueron metiendo otros conceptos, el más importante de los cuales es el llamado Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos), es decir, la rentabilidad garantizada a las renovables.  Además, está el pago de la deuda generada por el déficit de tarifa entre 2004 y 2013, y la insularidad, es decir, la subvención para que la luz cueste lo mismo en los archipiélagos, Ceuta y Melilla que en la Península; en este último caso, el 50% corre a cargo de los Presupuestos del Estado. Estos costes «impropios» (no necesarios para tener luz) suponen el 57% del total.

¿Y cómo se pagan todo esos costes? Pues con el recibo de la luz de los consumidores, básicamente en el citado concepto de costes fijos, que se cobra en función de la potencia contratada (también una pequeña parte en función del consumo). Además, se financian en parte con los derechos de emisión de CO2 que deben pagar las plantas que queman gas o carbón para producir electricidad y el impuesto a la generación eléctrica.

Pero las eléctricas incluyen estos costes en el precio del megawatio/hora que cobran a sus clientes; es decir, también van al recibo aunque en otro concepto. En ambos casos, los pagan todos los consumidores, independientemente de que estén en el mercado regulado o en el mercado libre y tengan una tarifa plana.

El Gobierno no sabe qué hacer

Las fuentes consultadas explican que Ribera no sabe qué va a hacer con esos 4.435 millones pagados de más por los españoles. Una opción es guardarlos para déficits futuros, como solía hacerse, y para pagar las condenas que sufre el Estado español por la supresión de las primas a las renovables anteriores al citado Recore. Otra opción es ingresarlo en Hacienda como si fueran impuestos, lo que sería un escándalo puesto que ese dinero no lo ha pagado el Estado, sino los consumidores.

Lo que no se contempla es utilizar ese superávit para rebajar el recibo de la luz en 2024, siempre según las fuentes. Existe una enmienda del Grupo Socialista en la tramitación como ley del Real Decreto-ley 8/2023 que propone utilizar parte de ese superávit para no subir los cargos en el recibo este año, pero en ningún caso bajarlos.

«De manera extraordinaria se podrá destinar a los cargos del ejercicio 2024 un porcentaje del superávit del ejercicio 2023 en lo relativo a cargos que, en su caso, se produzca tras la liquidación de cierre de dicho ejercicio, con el objeto de mantener los cargos a pagar por los consumidores en 2024 en los mismos niveles que los cargos pagados por los consumidores en 2023», dice literalmente la citada enmienda.