La SEPI blinda el préstamo millonario a SAPA y no informará sobre por qué pasó de 48,7 millones a 32

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 28/04/2026 05:45
  • Actualizado: 28/04/2026 05:45

La financiación pública a la industria de Defensa vuelve a situarse bajo sospecha tras la negativa de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), dependiente de la SEPI, a facilitar el expediente completo del préstamo multimillonario concedido a SAPA. El organismo público ha optado por mantener bajo llave parte de la documentación clave. Se escudan en la protección de información «estratégica y sensible», pese a tratarse de un proyecto sufragado con decenas de millones de euros de dinero público.

El caso gira en torno al préstamo otorgado a SAPA en el marco del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), una herramienta diseñada para reforzar el tejido industrial español. Aunque la Administración ha facilitado algunos datos básicos, ha cerrado el acceso a los elementos centrales del expediente, incluidos informes internos y documentación técnica del proyecto, lo que alimenta las dudas sobre el alcance real de la operación y su control público.

Incluso, sobre si Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, estuvo o no detrás, se limitan a afirmar que no hay rastro documental de su intervención, sin aportar tampoco documentos que señalen en otra dirección. Hay que recordar que Vicente Fernández sale señalado en los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos ellos investigados por la Justicia.

El préstamo millonario a SAPA

La financiación concedida a SAPA fue inicialmente planteada en torno a los 48,7 millones de euros, aunque finalmente el importe formalizado se situó en 32,77 millones, tras diversas modificaciones del proyecto. Los fondos se destinaron a la fabricación de sistemas de transmisión y unidades de potencia para vehículos especiales en el ámbito de la Defensa, con desarrollo en Guipúzcoa.

SEPIDES sostiene que ha cumplido con sus obligaciones al facilitar las condiciones básicas del préstamo, los desembolsos realizados y el estado de ejecución del proyecto. Sin embargo, ha optado por no revelar el grueso de la documentación, lo que deja sin acceso aspectos clave como las proyecciones económicas, el detalle técnico de la inversión o los informes de seguimiento.

Desde el organismo público se insiste en que estos documentos contienen información crítica para la competitividad de la empresa y que su difusión podría perjudicar tanto a SAPA como al conjunto de la industria nacional de Defensa.

El argumento de la confidencialidad

La negativa a ofrecer transparencia total se apoya en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, que permite limitar el acceso a la información cuando existe riesgo para intereses económicos o comerciales. En este caso, SEPIDES considera que el expediente incluye datos «nucleares» del modelo de negocio de SAPA, cuya divulgación supondría un «perjuicio cierto» en un sector altamente competitivo.

El organismo considera que es más importante el perjuicio que puede causar a la empresa que lideran los Aperribay que el que se le hace al interés público. Por eso elige no revelar el expediente, ni explicar de forma clara dónde han ido a parar los más de 30 millones, y cuál es la justificación real para que se concediera ese préstamo a SAPA por delante de otras operaciones.

Este planteamiento, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto la Administración puede ampararse en la confidencialidad empresarial para limitar el acceso a información vinculada al uso de recursos públicos.

Un fondo con reglas propias

Uno de los elementos más controvertidos del caso es la naturaleza jurídica del FAIIP, el fondo que se usa para estos préstamos. SEPIDES sostiene que este fondo no actúa como un órgano administrativo al uso, sino que se rige por normativa privada, lo que reduce las obligaciones de publicidad de sus decisiones.

Bajo esta interpretación, los acuerdos de concesión y modificación del préstamo no tendrían la consideración de actos administrativos, lo que limita el alcance de la transparencia exigible.

Informes clave fuera del alcance

Entre los documentos más relevantes que permanecen fuera del acceso se encuentran los informes de seguimiento elaborados por la propia SEPIDES. Estos informes permiten evaluar el grado de cumplimiento del proyecto financiado y la evolución de la empresa beneficiaria.

La decisión de blindar parte de la información no solo afecta a este caso concreto, sino que marca un precedente sobre el grado de acceso que puede tener la sociedad a proyectos financiados con dinero público en ámbitos sensibles como el de la Defensa.