Economía plantea eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha propuesto eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, permitiendo su constitución con 1 euro de «capital funcional».

Así se incluye en la consulta pública que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha colgado este viernes en su web de cara a la elaboración de un proyecto de Ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial y mejora del clima de negocios. El documento aboga por establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea, algo que ya recoge la directiva europea de digitalización y que hay que transponer a la legislación nacional.

También apuesta por una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas, con una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control «ex ante» de la actividad económica por declaraciones responsables. Para acabar con el incumplimiento del plazo legal de pago para las operaciones entre empresas (60 días) propone profundizar en la implementación de medidas adicionales.

Al respecto, Economía ha constatado un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas, ya que las más pequeñas se ven obligadas a aceptar unos plazos de pago más largos, impuestos por empresas más grandes, ante el temor de perder esos clientes.

La futura ley es una de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y responde a las recomendaciones específicas de los organismos internacionales para mejorar el marco regulatorio, el clima de negocios y los mecanismos de financiación para aumentar la escala, la eficiencia y la productividad del tejido empresarial español.

La consulta pública tiene como finalidad recabar las opiniones y aportaciones de los operadores económicos hasta el próximo 19 de marzo y servirá para configurar una propuesta de anteproyecto de Ley que se elevará a audiencia pública.

Normativa concursal

Asimismo, el Gobierno abordará la modernización del régimen aplicable a la reestructuración empresarial y, en particular, la normativa concursal, con el fin de disponer de procesos ágiles para los procesos de transformación inherentes al buen funcionamiento de la economía.

Lo acometerá mediante otros proyectos de reforma normativa para la trasposición de Directiva de insolvencia (Directiva 2019/1023), que tiene por objeto incrementar la eficacia de los instrumentos preconcursales y del procedimiento de segunda oportunidad. A su vez, ve como elementos «esenciales» la eliminación de obstáculos innecesarios, desproporcionados o discriminatorios al acceso y ejercicio de actividades económicas y la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio para promover la creación y el crecimiento de las empresas.

Además, ve preciso analizar una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas en forma de una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.

Economía también avanza una mejora de la regulación tras identificar cuestiones «susceptibles de mejora» en relación con la aplicación de los mecanismos de protección de operadores gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, relativas a los plazos o la coherencia con el sistema ordinario de recursos, entre otros.

Respecto a la morosidad comercial, indica que a la vista de la información sobre los incumplimientos de los periodos medios de pago estipulados en las operaciones entre empresas y los inconvenientes que esto plantea, considera necesario profundizar en la implementación de medidas adicionales a las de la directiva europea de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en buen aparte ya recogidas en la vigente regulación española.

Concretamente, propone la implantación de incentivos que pueden mejorar la eficacia y transparencia de la legislación contra la morosidad comercial, con un cambio hacia una «cultura de pago sin demora» podría basarse en directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales, reforzar el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.