Desmantelada una red de fraude con el IVA que operaba en nueve países europeos

• María García Carrión
• Graduada en Economía y máster en Economía de la Escuela Austríaca. Dando mis primeros pasos como periodista en Okdiario.
• • 24/10/2025 16:29
  • Actualizado: 24/10/2025 16:29

La Fiscalía Europea ha desmantelado una red de fraude con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que operaba en en nueve países europeos: Alemania, España, República Checa, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumanía y Reino Unido. En concreto, siete personas han sido detenidas en Múnich (Alemania) por participar en una red que presuntamente defraudó hasta 48 millones de euros con el IVA en la venta de pequeños dispositivos electrónicos.

Así lo ha indicado la propia Fiscalía en un comunicado. La operación, denominada Mela, implicó a más de 300 agentes de las autoridades fiscales y policiales de siete países, entre ellos la Guardia Civil, y permitió la incautación de una gran cantidad de documentos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y productos de lujo como joyas, coches y oro por valor de 4 millones de euros.

Los registros se han llevado a cabo en Alemania, España, República Checa, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumanía y Reino Unido. Estos han permitido destapar una trama de empresas fantasmas con sede en territorio de la Unión y británico para aplicar un régimen fraudulento del IVA reducido sobre dispositivos electrónicos desde el año 2018.

La red de fraude del IVA

Según la investigación, estos vendían teléfonos móviles nuevos y otros pequeños productos electrónicos bajo el denominado «impuesto al margen» a clientes finales y entre empresas fantasma.

Esto implica que el revendedor sólo tiene que pagar el IVA sobre el margen de beneficio que obtiene, y no sobre el precio total de venta del artículo.

Esta regla sólo se puede aplicar sobre bienes revendidos a los que ya se aplicó el IVA, pero en este caso se cree que los productos eran nuevos pero se presentaban como revendidos en la documentación, lo que permitía comercializarlos como de segunda mano a un precio inferior, incurriendo en una competencia desleal y en la pérdida de 48 millones de euros en la eventual recaudación del IVA.