El Gobierno convierte el Consejo Fiscal en otro choque con las autonomías: el PP denuncia un «paripé para tapar su debilidad»

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 06/07/2026 13:35
  • Actualizado: 06/07/2026 14:58

El Gobierno de Pedro Sánchez llega este lunes al encuentro con las comunidades autónomas con un nuevo frente abierto a cuenta del «paripé de intentar sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado», según denuncian las propias comunidades. Lo que el Ministerio de Hacienda presenta como el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 se ha convertido, antes incluso de comenzar la reunión, en una ofensiva de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que denuncian que el encuentro es un «paripé» destinado a dar apariencia de normalidad a un Ejecutivo que sigue sin garantizar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar las cuentas.

La cita, presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, sirve para fijar la senda de estabilidad y el reparto del déficit entre las distintas administraciones. Sin embargo, los consejeros de Galicia, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Canarias coinciden en que el margen de gasto previsto para las comunidades vuelve a quedarse muy por debajo de las necesidades reales para financiar los servicios públicos.

La principal crítica de las autonomías pasa por la regla de gasto. Consideran que el límite que prepara Hacienda impedirá absorber el incremento de costes que soportan las regiones, especialmente en sanidad, educación y dependencia, mientras el Gobierno continúa aprobando medidas cuyo coste termina recayendo sobre los presupuestos autonómicos.

El Gobierno impone gastos

Uno de los principales reproches de los consejeros populares se centra en la subida salarial de los empleados públicos, decidida por el Ejecutivo central pero financiada, en gran medida, por las comunidades autónomas.

Desde Galicia recuerdan que el verdadero debate no es únicamente el objetivo de déficit, sino cuánto podrán aumentar el gasto las comunidades para atender servicios esenciales en un contexto de mayores costes estructurales.

La Comunidad Valenciana insiste en que el Gobierno adopta decisiones que afectan directamente a las cuentas autonómicas sin negociar previamente con quienes deben pagarlas. Extremadura también cuestiona cómo pretende Hacienda que las regiones asuman nuevos incrementos de gasto sin ampliar los recursos disponibles.

Las críticas llegan además en un momento en el que la mayoría de comunidades consideran insuficiente el reparto del déficit planteado por el Ejecutivo, que mantiene prácticamente intacto el margen para las autonomías mientras la Administración General del Estado conserva la mayor capacidad de endeudamiento.

Operación para «aparentar normalidad»

La consejera madrileña, Rocío Albert, considera que la convocatoria del Consejo responde más a una estrategia política que a una voluntad real de aprobar unos nuevos Presupuestos, recordando que hace apenas unas semanas el propio Gobierno justificaba la ausencia de cuentas públicas por la situación internacional.

En términos similares se expresa la consejera andaluza, Carolina España, quien duda de que los Presupuestos de 2027 lleguen siquiera a aprobarse al no existir una mayoría parlamentaria estable que los respalde. A su juicio, el Consejo de Política Fiscal se ha convertido en un simple trámite sin capacidad real para modificar las decisiones del Ejecutivo.

No obstante, dentro del bloque popular existen matices. Extremadura y Canarias mantienen una posición institucional más prudente y consideran positivo que el Gobierno reactive la negociación presupuestaria, aunque ambas comunidades también reclaman una financiación suficiente y mayor diálogo con el Estado.

La financiación autonómica vuelve a enfrentar al Gobierno con las regiones
Aunque Hacienda ha convocado el CPFF exclusivamente para abordar la senda de estabilidad, las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que volverán a exigir un debate sobre la financiación autonómica.

Las autonomías denuncian que el futuro modelo ya estaría condicionado por el acuerdo político alcanzado entre el PSC y ERC para Cataluña y rechazan que el resto de regiones se limite a ratificar un sistema previamente negociado al margen del Consejo.

Las críticas se han visto reforzadas por las declaraciones de la consejera catalana de Economía, Alícia Romero, quien ha dado prácticamente por hecho que antes de agosto se celebrará un nuevo Consejo específico para abordar la reforma del sistema de financiación.

Esa afirmación ha provocado incluso el rechazo del socialista Castilla-La Mancha. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha calificado de «imprudente» que Cataluña dé por descontado un acuerdo cuando las comunidades todavía no conocen oficialmente la propuesta del Ministerio.

Ruiz Molina ha llegado a cuestionar el sentido de las reuniones bilaterales mantenidas por Hacienda si finalmente el modelo ya estuviera cerrado con una única comunidad autónoma.

El Gobierno intenta reactivar los Presupuestos tras varios fracasos
La reunión de este lunes forma parte del calendario diseñado por Hacienda para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2027 después de los sucesivos fracasos registrados durante la legislatura.

El Ejecutivo pretende aprobar este martes el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros para remitirlos posteriormente al Congreso, donde previsiblemente serán votados el próximo 14 de julio.

El Gobierno ya ha visto rechazadas en varias ocasiones las sendas de estabilidad durante esta legislatura, la última en diciembre de 2025, cuando intentó iniciar la tramitación de los Presupuestos de 2026.

Aun así, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de continuar con las cuentas públicas incluso si vuelve a perder la votación parlamentaria, utilizando como referencia el plan fiscal estructural remitido previamente a la Comisión Europea, una vía que ya exploró tras anteriores derrotas parlamentarias.