Colombia se sitúa en la cola de Latinoamérica en seguridad jurídica y arriesga su entrada en la OCDE

No es oro todo lo que reluce en Latinoamérica. Las reformas estructurales emprendidas por países como Argentina, Perú o México contrastan con la pérdida de seguridad jurídica y la sombra de la corrupción que vuelve a planear sobre Colombia, un país que comenzó a hacer los deberes hace unos años pero que en los últimos meses ha retomado las viejas derivas que provocan la salida de capitales y la pérdida de confianza de los inversores internacionales.

Un reciente informe elaborado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) junto con el despacho de abogados Cremades & Calvo–Sotelo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, pone el dedo en la llaga de la gestión de Juan Manuel Santos, que se ha sumado a Bolivia en la cola de los países latinoamericanos en lo que a seguridad jurídica se refiere. De Venezuela ni hablamos.

El estudio pone de manifiesto como la descoordinación y la sombra de la corrupción política lastran y ponen en riesgo la incorporación del país colombiano a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que agrupa a los 35 principales países del planeta y que tiene como objetivo coordinar sus políticas económicas y sociales para fomentar el crecimiento y el empleo.

Los dos principales elementos que se valoran son la salvaguarda de la calidad regulatoria (normas emanadas de procesos transparentes y participativos, atención a la tutela judicial efectiva, motivación suficiente y no confiscación) y la existencia de autoridades regulatorias independientes (nivel de neutralidad competitiva e imparcialidad).

Perú, México y Argentina: un modelo a seguir

En el lado positivo se encuentran Perú, México y Argentina, que han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera, según el citado (y exhaustivo) estudio multidisciplinar sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Latinoamérica, con una consideración específica de los sectores regulados de la energía y las telecomunicaciones.

El informe analiza el grado de institucionalidad de los países latinoamericanos más representativos según el grado de protección de las inversiones extranjeras de cada uno.  Además, considera las recomendaciones de la OCDE sobre garantías normativas, y detalla tanto la situación jurídica e institucional de cada país (en como la evolución previsible de la gobernanza en cada caso.

Y es precisamente aquí donde Colombia suspende, ya que el Gobierno de Santos no ha sido capaz de detener un deterioro severo de los citados parámetros,  que es especialmente alarmante en lo referente a la amplia brecha institucional interna respecto a las recomendaciones formuladas desde la OCDE.

Colombia: «severo retroceso de la seguridad jurídica»

“En Colombia se ha producido un severo retroceso de la seguridad jurídica para inversores extranjeros. Si bien la posición geoestratégica del país ha crecido exponencialmente (de ahí su actual proceso de incorporación a la OCDE), la independencia y autonomía de las autoridades reguladoras y supervisoras se ha resentido gravemente ante las presiones electorales y la tensión populista”, indica el estudio.

“Los reguladores colombianos mantienen una estructura confusa y descoordinada, especialmente en energía, minas y telecomunicaciones. La situación se agrava por un sistema de superintendencias no demasiado independiente y la creciente sospecha de corrupción”, indica el informe en referencia.

Como ejemplos de inseguridad jurídica en Colombia, el documento cita la reciente intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha arrebatado la compañía de la gestión de Gas Natural Fenosa, grupo español que tiene el 85% del capital. El estudio destaca también un incremento de la inseguridad en casos de arbitraje internacional como los de Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica o Anglogold Ashanti.

Otro de los países que peor salen parados en el informe es Bolivia. “La política de nacionalizaciones aceleró la salida de capitales (más de 20 empresas internacionales relevantes afectadas), sin que se haya promovido una estructura productiva propia”, indica. Entre las compañías más afectadas se encuentran Empresa Transportadora de Electricidad TDE, Empresa Eléctrica Guaracachi, Rurelec PLC, Repsol YPF o Entel, entre otras.

La Macri-economía: reformas y liberalización

La situación de Colombia y Bolivia contrasta con la de Argentina. La política económica que ha realizado el Gobierno del país desde la llegada al poder de Mauricio Macri se ha caracterizado por un impulso liberalizador acompañado por una reforma de las instituciones para sentar las bases de a recuperación tras más de una década de kirchnerismo que ha dejado al país latinoamericano en una crisis económica y política de la que aún se recupera.

La Macri-economía se basa en tres puntales: las reformas estructurales, la seguridad jurídica y el potencial de desarrollo de Argentina, un país que vuelve a asomarse al mundo y que es un gran mercado para las empresas españolas.

El estudio de AEMEC pondera la mejora experimentada en Argentina tras el reciente cambio de orientación política y las reformas implementadas. Además, recomienda “modificar la normativa sobre ceses discrecionales de autoridades reguladoras, aunque en general se reconoce el amplio margen de autonomía alcanzado en regulación y supervisión”.

Chile, México y Perú atraen a los inversores extranjeros

Otro de los países que saca buena nota es Chile, que se ha consolidado como modelo de transparencia y buen comportamiento en promoción de inversores, con una estructura regulatoria correcta y bien asentada, salvo incertidumbres menores respecto al supervisor de telecomunicaciones. Costa Rica es aún más modélica, con un crecimiento exponencial de las inversiones extranjeras solo empañado por alguna ligera sombra de burocratización.

En cuanto a México es tradicionalmente el país que ofrece mayor apoyo a los inversores extranjeros, situación que todavía ha reforzado más con las recientes reformas constitucionales y legales. El informe cita positivamente casos relacionados con las inversiones de empresas multinacionales como AT&T o fondos de inversión como Black River.

Y terminamos con Perú, otro de los países que han hecho los deberes. “El grado de seguridad jurídica del país, su calidad regulatoria y fortalecimiento institucional han experimentado una notable mejoría, que también se ha trasladado ala independencia de las autoridades reguladoras”, indica el estudio.