El cierre contable del gasto puede bloquear las Administraciones si no hay acuerdo de investidura

Impelido por las indicaciones de Bruselas sobre el desvío en el cálculo del déficit, el Ministerio de Hacienda ha cerrado esta semana la licitación de nuevos gastos en las Administraciones públicas. En fuentes de Moncloa se insiste en que la negociación del techo de gasto, los Presupuestos y la investidura «va todo en un mismo pack», y no es una estrategia para obligar a Ciudadanos o al PSOE a ceder en sus posiciones, sino una realidad objetiva para poder «cumplir con los compromisos».

Así, resurge la controversia sobre si el Gobierno en funciones puede o no aprobar el techo de gasto si no va acompañado de la aprobación de Presupuestos. La realidad es que si se aprueba el techo de gasto y éste no va acompañado de la aprobación presupuestaria significaría que el Gobierno aceptará el gasto ya comprometido de pensiones, salarios de funcionarios o las prestaciones por desempleo pero nada más allá de lo imprescindible.

Es decir, no se podrían ampliar los contratos que no estuvieran comprometidos y licitados antes de la semana pasada. Ni ampliación de gasto en becas, ni en Sanidad ni en el resto de servicios públicos necesarios para el normal funcionamiento de las Comunidades Autónomas.

Eso es lo que se desprende de las manifestaciones de esta mañana realizadas por Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Según Levy, el Gobierno en funciones sí puede aprobar el techo de gasto, pero ha aclarado que «de nada sirve» si no va acompañado de unos Presupuestos Generales del Estado.

«La no aprobación de los Presupuestos traería la congelación de las pensiones, de los salarios de los funcionarios y no se podría invertir en becas, Sanidad y servicios públicos», ha advertido Levy en declaraciones a la Cadena Ser. Esto significaría un parón efectivo en decenas de partidas de gasto autonómicas, cuya explicación a los ciudadanos abriría un nuevo frente de polémica política.

La dirigente popular se ha mostrado convencida de esta afirmación: «Yo no digo que se pueda aprobar, lo que digo es que lo importante del acuerdo es que fuera global en diferentes aspectos».

C’s quiere un informe jurídico

Pero los presuntos ‘socios’ del PP en esta negociación no las tienen todas consigo. Así, Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo naranja en el Congreso ha pedido que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe para aclarar si el Gobierno en funciones puede aprobar el techo de gasto.

«Nosotros preferimos que se haga un informe en el que jurídicamente podamos apoyarnos para tomar una decisión», ha dicho Gutiérrez. «En todo caso, lo que queremos es que las cosas sean legales», ha añadido el diputado de Ciudadanos, preocupado por este nuevo escenario.

El PSOE exige conocer «exactamente» las facultades del Gobierno en funciones

Entretanto, Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del PSOE, ha registrado este lunes en el Congreso una iniciativa para que «se inicien los trabajos de modificación de la ley del Gobierno» donde se expliquen «exactamente» las facultades del Gobierno en funciones. Curiosa iniciativa mientras los socialistas mantienen el bloqueo parlamentario y no permiten que haya un Ejecutivo que impulse nuevas leyes.

Según Batet, «parece que se están tomando decisiones que pueden ir más allá de lo que sería conveniente». La ley del Gobierno está vigente desde noviembre de 1997, y recoge en su Título IV la función de garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en funciones con base al principio de lealtad constitucional, y entendiendo que la actuación de éste sólo supone el tiempo que conlleve la formación de un nuevo Gobierno.

Un texto que no aclara nada respecto de la situación de ‘impasse’ en el que lleva el país desde hace ya más de ocho meses. Según Batet, si sólo fueran unos meses los que el Gobierno hubiese estado en funciones «no pasaría nada», pero en esta situación el Gobierno «debe de ser más preciso» puesto que, como ya se ha dicho, «la ley del gobierno no es clara».

Su proposición no de ley busca también garantizar lo que los socialistas llevan reclamando desde el día siguiente a las elecciones del 20D: el control parlamentario al Gobierno en funciones, a lo que se niega el actual Ejecutivo del PP, una discrepancia que va a resolver el Tribunal Constitucional. «No puede ser que no haya un control al Gobierno durante un periodo de tiempo tan largo», ha afirmado.

Los socialistas no han querido referirse al boqueo económico que se avecina con el cierre del grifo de nuevos gastos, una situación muy grave para muchos de sus barones, que ya han reclamado en más de una ocasión a su secretario general, Pedro Sánchez, que desbloquee la situación permitiendo que haya un Gobierno «al que hacer oposición».